Director de la Oficina Andaluza Antifraude: La Ley de Amnistía es "muy mala noticia en la lucha contra la corrupción"

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Ricardo Puyol, ha asegurado que la Ley de Amnistía que se tramita en las Cortes Generales supone una "muy mala noticia para todos los que nos dedicamos a impulsar de manera lo más efectiva posible la lucha contra la corrupción" porque supone "extinguir anticipadamente la responsabilidad criminal de gravísimos delitos".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Puyol ha asegurado que, aplicando "parámetros estrictamente técnicos", la Ley de Amnistía que ha recibido el primer visto bueno del Congreso "se aleja poderosamente de los estándares que maneja la Unión Europea en materia de prevención, represión y lucha contra la corrupción".

En su opinión, el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción debe pronunciarse sobre cuestiones como la Ley de Amnistía porque "tiene que denunciar que extinguir anticipadamente la responsabilidad criminal, entre otras cosas, de gravísimos delitos de corrupción pública da una imagen a la sociedad muy poco edificante", más allá de "valoraciones de coyuntura política".

En este sentido, Puyol ha subrayado que "toda esta política que se ha iniciado desde el 23 de julio es muy grave, sobre todo en relación a la amnistía de graves delitos de corrupción con la adaptación de normas penales en procesos troncales como el fraude de funcionarios o la malversación de caudales públicos, para adaptarla a las necesidades de un conjunto de delincuentes que se encuentran fugados, es una muy mala noticia para todos los que nos dedicamos a impulsar de manera lo más efectiva posible la lucha contra la corrupción".

Junto a ello, el director de la Oficina Andaluza Antifraude ha recordado que el Gobierno de la Nación aún tiene "pendiente de designar el cargo homólogo al que represento en Andalucía, que es la autoridad independiente que gestiona el canal externo de denuncias", recogido en la Ley Orgánica aprobada hace un año para la trasposición de la Directiva Comunitaria de Protección de la Persona Denunciante.