Archivo - Foto de archivo de un aula de un colegio - EUROPA PRESS - Archivo
SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La organización Escuelas Católicas Andalucía (ECA) ha presentado este viernes, junto a la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa), un recurso de alzada contra la resolución de 21 de octubre de la Consejería de Educación porque "restringe" a los centros de titularidad pública el acceso a dichos recursos.
ECA ha criticado a través de un comunicado que se trata de "una nueva discriminación" que la patronal de la concertada "no está dispuesta a pasar por alto, máxime cuando perjudica a los alumnos y familias más vulnerables".
En la resolución de 21 de octubre se regula el acceso a los recursos del Programa de Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado educativamente vulnerable en los servicios educativos o psicopedagógicos situados en zonas y distritos escolares.
En esta línea, el secretario general de Escuelas Católicas, Rafael García Porras, ha manifestado que se trata "precisamente de aquella discriminación que el actual gobierno prometió erradicar, poniéndolo incluso por escrito en su acuerdo de legislatura". "Por eso, le invitamos a que rectifique y que apuesten por la igualdad entre centros públicos y privados y la libertad de elección de los padres", ha apostillado.
Ha reseñado que "por encima de todo están los intereses de los alumnos, educadores y familias, por lo que no se descarta presentar un recurso contencioso administrativo para la protección de sus derechos fundamentales si la Consejería de Educación no corrige esta situación".
En su recurso de alzada, ha argumentado que la Resolución dictada incumple el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, recogido en la resolución de 10 de septiembre de 2021 de la Secretaría de Estado de Educación, la cual establece el refuerzo de los equipos de orientación educativa con financiación para el componente 21 (Modernización y Equidad) del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estableciendo como destinatario el alumnado más vulnerable de centros sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria y Secundaria, en riesgo de repetición y abandono del sistema educativo, sin distinguir en modo alguno por la titularidad del centro.
ECA ha considerado que la exclusión de los centros concertados de la participación en este programa supone "una clara violación del derecho a la educación" de sus alumnos, concretada en la vulneración de los derechos a recibir orientación educativa y profesional, a una educación inclusiva y de calidad y a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
Han recalcado que "la exclusión aleja a los alumnos de centros concertados en zonas vulnerables a beneficiarse de los mismos recursos que los alumnos en iguales condiciones de centros públicos". ECA ha considerado que la Resolución dictada por el gobierno andaluz supone "un menoscabo" en el ejercicio del derecho constitucional a la educación así como una vulneración de su artículo 14, que establece que la elección de un centro educativo concreto no puede ir en detrimento del ejercicio del derecho a la educación del alumnado escolarizado en la red concertada ni en su participación en los programas establecidos por las administraciones educativas.
El secretario general de ECA ha subrayado que "un alumno no puede ver discriminado el acceso a los recursos públicos por el mero hecho de haber elegido un colegio concertado y menos si se encuentra en zona o situación vulnerable"
Ha exigido "igualdad de trato" en el acceso a todos los programas dotados con fondos europeos, fondos propios de la comunidad autónoma o fondos del Gobierno central. "En la última mesa de la concertada, se aseguró que así sería, y el propio consejero de Educación y deporte, Javier Imbroda ha afirmado en multitud de ocasiones que trataría del mismo modo a la enseñanza concertada y a la pública, pero eso no es lo que estamos viendo en el acceso a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", ha concluido García Porras.