SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ex delegado territorial de IFES-Andalucía Juan Francisco Alcaide ha declarado este pasado martes en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas, que todas las gestiones que realizó al frente de esta fundación perteneciente al sindicato a nivel estatal para impartir cursos en la comunidad andaluza "se hicieron acorde a la legalidad".
Según han informado fuentes del caso a Europa Press, el exdelegado ha asegurado que todas las subvenciones que recibió IFES-Andalucía para la realización de los cursos "están debidamente justificadas".
El posible fraude en subvenciones para la formación laboral por parte de UGT Andalucía (UGT-A) mediante presuntas facturas falsas, que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, se eleva a una cifra superior a los 40 millones de euros.
En un segundo avance del informe pericial elaborado por el interventor delegado de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad --denominación de entonces-- por encargo del juez instructor para cuantificar el posible fraude en las subvenciones recibidas de la Junta entre los años 2009 y 2013, se concluye que existe una cifra de 40.554.042,36 euros de gastos 'no subvencionables'.
El segundo avance, al que tuvo acceso Europa Press, aborda 13 de los 32 expedientes de subvenciones objeto de la pericial solicitada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla en marzo de 2015. Asimismo, en cuatro expedientes de subvenciones, el perito considera que "no habiendo dispuesto de la documentación suficiente, sólo cabe establecer una limitación al alcance absoluta respecto al objeto" de cada expediente.
En el análisis de los expedientes, el perito recalca entre sus observaciones generales que si bien el beneficiario de la ayuda era el sindicato, quien tenía la responsabilidad de la ejecución de las acciones formativas era el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) en Andalucía, entidad vinculada a UGT-A.
El objeto de la pericial es el análisis de 32 expedientes de subvenciones concedidas a UGT-A por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2013 para comprobar la existencia de defraudación y el importe presuntamente defraudado en cada uno de los mismos. En concreto, según señalaba entonces el informe, el posible fraude opera "en la aplicación del dinero de la subvención, o bien para finalidad distinta para la que se concedió, o bien en la imputación de gastos no subvencionables o elegibles, todo ello con el ánimo defraudatorio que la legislación penal exige".
El perito analizó en los expedientes de subvención, a la luz de la normativa de aplicación, "si los gastos ejecutados son o no subvencionables o elegibles". De otro lado, supuestos "mecanismos defraudatorios" como la ausencia de contratos, la duplicación de gastos --directos, asociados y otros costes financiables--, el 'bote', o el 'rapel' --práctica comercial consistente en la concesión por parte del proveedor de un descuento al cliente en función de la facturación alcanzada-- y lo relacionado con los alquileres de aulas, instalaciones u oficinas entre Soralpe e IFES-Andalucía.
Igualmente, el informe pericial indica las subvenciones se regulan al amparo de la Orden de desarrollo de 23 de octubre del 2009. Así, se establecen dos tipos de subvenciones, las de Formación de Oferta --para personas trabajadoras, tanto ocupadas como desempleadas-- y las dirigidas a acciones en materia de Formación.
Recalca el informe que en la formación dirigida a desempleados es la entidad beneficiaria --en este caso UGT-A-- la que tiene que realizar la actividad subvencionada, la misma puede realizarse por un tercero --IFES-Andalucía-- siempre que tenga la naturaleza de entidad vinculada. En los expedientes analizados se concluye que ésta era una práctica sistemática.
"SUBVENCIONES AL 100% Y SITUACIONES ARTIFICIALES"
El segundo avance del informe pericial señala que en los expedientes que abordan la concesión de cinco subvenciones, se certifica que la cantidad subvencionada se correspondía al cien por cien del presupuesto solicitado por el sindicato para la realización de acciones formativas.
Asimismo, el perito señala "gastos imputados no subvencionables" derivado, entre otros, de gastos duplicados -como la contratación de profesorado para la impartición de las acciones formativas del IFES-Andalucía cuando la Memoria de Actuaciones indicaba que esa labores "son realizadas por personal interno de la propia fundación-- o de la "situación artificial que incrementa el coste de la actividad subvencionada" generada por el supuesto hecho de que UGT-A cede el usufructo de locales a Soralpe que esta última luego alquila a IFES-Andalucía para desarrollar las actividades formativas.
De igual modo, refleja irregularidades a tenor de "ausencias de contratos". En concreto, el informe indica que "el artículo 15 de la Orden reguladora establece para la ejecución de la Formación de oferta a través de entidad vinculada" los requisitos de que "la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado" y "que se obtenga la previa autorización del órgano concedente" en base al "reconocimiento expreso en la resolución de concesión o Convenio suscrito para la ejecución de la actividad formativa".
Sin embargo, la pericia apunta que "no consta", en algunos supuestos, "contrato o convenio entre el beneficiario, UGT, y la entidad vinculada, IFES-Andalucía, para la ejecución por esta última de la actividad subvencionada y sus condiciones".
