Exteriores defiende "las gestiones de protección y asistencia consular" a los andaluces presos en Guinea Ecuatorial

GRANADA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha defendido que mantiene un "seguimiento permanente" del caso de los dos ciudadanos andaluces detenidos y acusados de un supuesto caso de enriquecimiento ilícito en Guinea Ecuatorial, el granadino David Rodríguez Ballesta y el cordobés Javier Marañón Montero. "La Embajada de España en Malabo y los Servicios Centrales del Ministerio continúan realizando gestiones de protección y asistencia consular en favor de ambos", señalan.

Así, exponen que en el plano político, el ministro Exteriores ha abordado el asunto con su homólogo ecuatoguineano en tres ocasiones: sendas reuniones en julio y septiembre de 2025 y una conversación telefónica en febrero de 2026. Y añaden que el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales lo ha hecho en dos ocasiones a lo largo de 2025.

También apuntan que, sobre el terreno, el embajador de España en Malabo ha planteado el caso ante el Presidente de la República, Teodoro Obiang (marzo y noviembre de 2025 y mayo de 2026), el vicepresidente de la República (junio de 2025 y febrero de 2026), la Primera Dama, el Fiscal General del Estado y el Ministro de Asuntos Exteriores, además de mantener llamadas y mensajes semanales con este último y con otros niveles de la Administración ecuatoguineana. "La Embajada ha cursado asimismo más de cuarenta notas verbales y ha realizado 26 visitas consulares", añaden.

Según Exteriores, gracias a estas gestiones se ha logrado mantener un acceso regular a los detenidos, facilitar el contacto con sus familiares y hacer posibles la entrega de alimentos y la realización de visitas médicas.

Además, el Ministerio que dirige José Manuel Albares incide en que mantiene una comunicación directa con las familias; que el 15 de diciembre de 2025 se celebró una videollamada con los familiares de los detenidos, en la que participaron la directora general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, la directora general para África y la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular.

"En mayo de 2026, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación recibió personalmente a ambas familias para interesarse por su situación. El 4 de agosto de 2026, los hermanos de los detenidos y un representante de la empresa se reunieron con la directora general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares y la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular", añaden.

Por último, el Ministerio reitera su compromiso con la protección y asistencia de los ciudadanos españoles en el exterior y asegura que continuará prestando a este caso "toda la atención que requiere en el ámbito de sus competencias".

LA FAMILIA CONSIDERA QUE SE OFRECEN "RESPUESTAS VACÍAS"

La posición de Exteriores se produce después de que las familias de Rodríguez Ballesta y Marañón Montero hayan anunciado el inicio de acciones legales para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado español "por el abandono continuado, la falta de tutela efectiva y los daños morales y físicos derivados de la omisión del deber de protección hacia dos de sus nacionales privados arbitrariamente de libertad en el extranjero".

Las familias mantienen que los dos trabajadores vinculados a una empresa que fue contratada para el despliegue de la Televisión Territorial Terrestre (TDT) en Guinea Ecuatorial están retenidos ilegalmente en aquel país africano desde hace más de 20 meses, concretamente en la prisión de Black Beach, una de las más peligrosas del mundo.

Y añaden que se les pretende atribuir el delito de 'enriquecimiento ilícito', una figura penal que la propia legislación de Guinea Ecuatorial reserva de forma exclusiva a autoridades y funcionarios públicos. "Pretender aplicar este delito a dos empleados privados del sector de las telecomunicaciones es un despropósito jurídico utilizado como coartada para justificar un secuestro institucional".

En cuanto a las gestiones realizadas en torno a los andaluces encarcelados, las familias señalan que tras la reunión presencial del 4 de agosto con la directora general de Asuntos Consulares, en la que se exigieron 'medidas ejecutivas de choque' (contactos al más alto nivel político, presiones en la UE mediante el Acuerdo de Samoa y la intervención formal ante la ONU), "la respuesta oficial enviada por escrito por el Ministerio se ha reducido a un acuse de recibo protocolario y vacío".

Para las familias Rodríguez y Marañón, el Ejecutivo "elude asumir responsabilidades ejecutivas y pretende volcar toda la carga de la gestión en la Embajada de España en Malabo, amparándose únicamente en el número de visitas consulares rutinarias realizadas".

Asi, recalcan que la asistencia resulta "del todo ineficaz e insuficiente", toda vez que los presos andaluces no recibenatención hospitalaria, no se les garantiza la evaluación ni el tratamiento en un centro hospitalario para sus patologías crónicas ni para el severo deterioro de salud padecido tras más de 20 meses encarcelados y diferentes enfermedades transitorias.

Asimismo insisten en el aislamiento e incomunicación que sufren, que se les sigue negando la comunicación directa con sus familias en España, así como el acceso regular a sus abogados defensores.

Las familias temen una "inminente farsa judicial", y subrayan que "la falta de una postura diplomática firme y el abandono de las vías de presión por parte de España han permitido que el proceso judicial en Malabo se encamine hacia un juicio oral predeterminado y carente de las más elementales garantías jurídicas".

Señalan que el auto judicial no recoge ninguna prueba documental, pericial ni testimonio incriminatorio que demuestre la participación directa de David o Javier en los delitos que se les atribuyen. "La instrucción se limita a construir acusaciones genéricas sobre el entramado de la empresa sin aportar una sola evidencia o prueba de cargo contra dos empleados contratados que jamás gestionaron fondos ni tomaron decisiones corporativas", exponen.

Las familias también subrayan que se da una vulneración flagrante de plazos al cumplirse más de 20 meses de detención en la prisión de Black Beach, "triplicando holgadamente el límite legal máximo permitido para la prisión preventiva fijado por la ley de Guinea Ecuatorial".

Y en cuanto a la instrucción del caso, señalan que el juez instructor reconoce que los acusados negaron rotundamente los hechos, pero afirma abiertamente que 'no aportan pruebas que debiliten el conjunto de elementos probatorios'. "Esto supone dar la vuelta al principio fundamental de Presunción de Inocencia, obligando a dos ciudadanos indefensos a demostrar que no cometieron un delito del que no se aporta prueba alguna", señalan.

"A todos estos atropellos procesales se suma el riesgo vital inminente que corren David y Javier por la falta de atención médica especializada y por las constantes amenazas recibidas por parte de otros internos de extrema peligrosidad", añaden.

Por último, las familias insisten en que el Gobierno de España "no puede seguir escudándose en respuestas de trámite ni pasarle la responsabilidad a la Embajada mientras la vida de dos españoles se apaga en prisión".

Aseguran que "la diplomacia silenciosa e inactiva ha fracasado" en el caso de David y Javier, y exigen la intervención directa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Presidencia del Gobierno, a la vez que insisten en que avanzará "con todas las consecuencias legales contra la administración española por su inacción y abandono".