Archivo - Loles López en la residencia de mayores San Ramón Nonato en Los Barrios. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha asegurado que la situación de las residencias de mayores gestionadas por la Junta de Andalucía es "insostenible", y que por ello, la región "necesita una respuesta urgente y decidida".
Así, como ha reflejado la Federación en una nota de prensa, exigen al Gobierno central y regional que se eleve el gasto público en dependencia al 2% del PIB, "como mínimo indispensable para garantizar una atención adecuada"; además de que el Estado asuma el 50% del coste del sistema, tal como establece la Ley de Dependencia.
Del mismo modo, han pedido que se agilicen los procedimientos de valoración y concesión de prestaciones, "eliminando los retrasos que condenan a miles de personas a esperar indefinidamente"; se impulse un Pacto de Estado por la Dependencia que asegure "igualdad de derechos y de financiación en todo el territorio, y garantice una atención digna, eficaz y universal para todas las personas dependientes".
En contexto, según FOAM, dicha situación ha sido objeto de una "contundente fiscalización" por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuyo informe JA 11/2023, fechado en diciembre de 2023 y aprobado por el Pleno el 17 de mayo de 2025, analiza la gestión correspondiente a los ejercicios 2021, 2022 y 2023. El documento revela una gestión marcada por "+la ineficiencia y la falta de planificación".
En 2023, 18.133 personas esperaban una plaza residencial, pero solo el 6,01% podían ser atendidas con las plazas libres; para la lista de espera estricta (4.198 personas), solo el 25,94% podían acceder.
Las causas principales de las listas de espera son "la falta de plazas disponibles y las limitaciones presupuestarias, sin reducción significativa durante 2021-2023". La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda) "carece de un registro de rechazos de plazas, dificultando la evaluación real de la demanda y las preferencias".
Del mismo modo, se detectaron "numerosos incumplimientos de plazos legales". Según recalca la Federación, el 71,93% de los expedientes tuvieron retrasos en la baremación, el 79,82% en la resolución y el 65,56% en la incorporación al centro, con 853 expedientes demorados más de cinco años.
INFRAUTILIZACIÓN DE CENTROS PÚBLICOS Y SATURACIÓN EN CONCERTADOS
El informe expone una "alarmante diferencia" en la ocupación de plazas entre los centros residenciales públicos y concertados en Andalucía durante el periodo 2021-2023. "Mientras los 14 centros gestionados directamente por la Junta presentan una ocupación media del 67%, los concertados alcanzan el 98%, lo que evidencia una gestión mucho más eficiente de estos últimos y una saturación cercana al límite", han asegurado.
Asimismo, a finales de 2023, se contabilizaban 1.089 plazas vacantes entre ambos modelos, "oportunidad que no se ha aprovechado para reducir las listas de espera".
"Tampoco se ha llevado a cabo un análisis de necesidades ni una planificación territorial que respalde la distribución actual, lo que genera desequilibrios entre provincias y zonas rurales y una cobertura desigual", han incidido.
"DEMORAS INADMISIBLES" EN LA ATENCIÓN
El informe revela que el 71,93% de los expedientes presentan retrasos en la valoración del grado de dependencia, el 79,82% incumple los plazos de resolución del grado, y el 65,56% supera el tiempo estipulado para la incorporación al centro. En el análisis de la población total de 28.703 expedientes, se identifican 853 expedientes con una demora de tramitación del procedimiento superior a 5 años.
Así, según el informe, los tiempos medios en valoración fueron de 222 días (7,4 meses); en resolución de grado se extendió a los 290 días (9,7 meses); para propuesta PIA son 54 días (1,8 meses) y para su resolución PIA, 183 días (6,1 meses).
También, el informe "revela una diferencia significativa en el coste de atención entre los centros propios de la Junta y los centros concertados" --según la FOAM--. En residencias propias, el gasto total en los 14 centros propios ascendió a 89,57 millones de euros en 2023; el gasto anual por plaza fue de 44.019 euros en 2023; el gasto por residente se situó en 65.022 euros en 2023, debido en parte a la infraocupación de algunas plazas; y el copago medio anual de los residentes ascendió a 5.750 euros en 2023.
En contraposición, las residencias concertadas, el gasto total en plazas concertadas alcanzó los 280,47 millones de euros en 2023; el gasto anual por plaza fue de 12.980 euros (PMD), 20.152 euro (TGC) y 31.351 euros (EMG); el gasto anual por residente se situó en 13.428 euros en 2023; el copago medio anual por residente en 2023 fue de 7.360 euros (PMD), 7.382 euros (TGC) y 8.128 euros (EMG).
"Esta diferencia no solo refleja un desequilibrio presupuestario, sino que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo público y la calidad de la atención en el modelo concertado", han manifestado desde FOAM.
DÉFICIT ESTRUCTURAL DE PLAZAS RESIDENCIALES EN ANDALUCÍA
El déficit de plazas residenciales para personas mayores en Andalucía representa un problema de gran envergadura que afecta directamente a la calidad de vida de la población envejecida de la región.
A finales de diciembre de 2023, la comunidad autónoma acumulaba un déficit de 32.872 plazas, una cifra que resulta especialmente alarmante al haber experimentado un incremento del 18,60% respecto a 2018, año en el que el déficit era de 27.716 plazas.
Esta situación cobra mayor gravedad al compararse con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece la necesidad de contar con cinco plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años.
Según la Federación, los datos más recientes reflejan que Andalucía, junto con la Comunidad Valenciana, "concentra las mayores carencias del país en materia de plazas residenciales". "Ambas comunidades suman más de las tres cuartas partes del déficit nacional (67,9%), siendo Andalucía la que presenta el mayor déficit absoluto, con 32.872 plazas faltantes. Esta cifra contrasta notablemente con otras comunidades autónomas que han sabido desarrollar modelos de atención residencial más eficientes", han manifestado.
Desde la FOAM aclaran que se ha advertido "reiteradamente" que este déficit "no responde a una coyuntura temporal, sino que constituye un fenómeno estructural". "La situación actual no se explica únicamente por la falta de plazas, sino también por la ausencia de una planificación estratégica por parte de la Junta de Andalucía", han expresado. "Las políticas públicas desarrolladas hasta la fecha han resultado insuficientes para afrontar el reto que supone el envejecimiento de la población, lo que evidencia la necesidad de diseñar estrategias sólidas, sostenibles y centradas en la persona", han reiterado.
De esta forma, expresan que "las consecuencias de este déficit son claras y preocupantes". "Miles de personas mayores permanecen en sus hogares sin recibir los cuidados adecuados, lo que repercute negativamente en su bienestar y calidad de vida. Muchas familias se ven obligadas a asumir responsabilidades que deberían estar cubiertas por el sistema público, lo que genera situaciones de sobrecarga y estrés", han apuntado.
Por otro lado, "la escasez de plazas impulsa la proliferación de centros privados, cuyos precios resultan inaccesibles para una parte importante de la población, incrementando así la desigualdad en el acceso a cuidados dignos", han concluido.