SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sindicato FeSP UGT-A ha valorado la cláusula de garantía salarial de 1.000 euros y la recuperación de derechos en el sector público andaluz que contempla el anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2018 en la comunidad andaluza.
En una nota, FeSP UGT-A ha apuntado que la Administración andaluza les ha presentado, en la Mesa General de Función Pública de Andalucía, el anteproyecto de Ley de Presupuestos, en todo lo que se refiere al sector público andaluz.
Ha resaltado que los presupuestos contarán con incremento en sectores como sanidad (cinco por ciento), educación (3,3 por ciento), dependencia (2,2 por ciento) y justicia (se destinarán aproximadamente unos tres millones de euros).
UGT ha valorado que venga contemplado en los presupuestos la recuperación de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 en febrero de 2018, que se abonará el importe equivalente a 45 días (24,59 por ciento).
FeSP UGT Andalucía ha valorado que se hayan contemplado las mejoras firmadas en los acuerdos con las organizaciones sindicales de 2015 y 2016.
En cuanto al apartado de retribuciones, el sindicato ha explicado que se reproduce el modelo del año pasado, no obstante hay que esperar a que se pronuncie la Mesa General Estatal.
También se recoge en los presupuestos la llamada cláusula de garantía salarial en todo el sector público andaluz, "para que ningún trabajador que pertenezca a este colectivo cobre menos de 1.000 euros", algo que es una reivindicación "exigida e indispensable" para UGT.
Respecto a la ayuda a personas con discapacidad, el sindicato ha recibido con satisfacción que se haya incrementado hasta un 85 por ciento, pero entiende que "hay que seguir avanzando por ese camino y que se siga incrementando".
FeSP UGT-A ha solicitado "la publicación de este anteproyecto de Ley, para poder realizar un análisis exhaustivo del mismo", ha instado al Gobierno andaluz a que "abone en 2018 al profesorado de la enseñanza concertada el 50 por ciento de la paga extraordinaria de 2012 que fue sustraída".
En la Mesa General de Función Pública también se ha tratado la jornada laboral de los trabajadores de la Administración Pública andaluza, y por unanimidad los sindicatos siguen reivindicando las 35 horas y han exigido al Gobierno de la Nación que "levante la suspensión cautelar". En relación a esta cuestión, la Junta de Andalucía apoya esta reclamación, ya que "para nuestra comunidad implantar las 35 horas ha sido sostenible y posible, porque se ha cumplido con el déficit".
