SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los fiscales anticorrupción continúan este lunes dando lectura a su informe final en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta --después de la retirada de la acusación contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa-- acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos durante una década.
El pasado miércoles, tras haber evacuado todas las partes sus conclusiones definitivas, el fiscal Manuel Fernández daba inicio a la lectura del informe final, comenzando por explicar sus modificaciones introducidas en las conclusiones que elevó a definitivas, entre las que, procuraba "ofrecer mayor detalle en la participación de los encausados en los hechos", frente al "déficit de concreción" que detectan las defensas en las conclusiones de las acusaciones.
El abogado del exconsejero Antonio Fernández abordó esta pasada semana la pretendida intención de la Fiscalía en su escrito de conclusiones de intentar retirar la concesión y pago de las ayudas --hechos que sustentan el delito de malversación-- de esta causa porque quiere que se juzgue en las piezas separadas, lo que la Sección Séptima no le permite", en alusión a las resoluciones de esta sala de apelación de los recursos de los altos cargos acusados en los ERE y que, en base al principio 'non bis in ídem', están confirmando las exclusiones de éstos de las piezas separadas para que no sean juzgados dos veces por los mismos hechos.
Frente a esto, la Fiscalía "en ningún momento procesal de esta causa ha variado su criterio ni ha tenido dudas sobre el objeto de la misma". "No entiende que los pagos singulares de la Consejería de Empleo de las ayudas" sean objeto de este procedimiento. "Mal se puede enjuiciar lo que no se ha instruido ni es objeto de este procedimiento", ha añadido.
Para la Fiscalía, el objeto de esta causa "integra los hechos que facilitaron que los fondos salieran de las arcas públicas eludiendo los mecanismos de control, justificación e, incluso, reintegro".
DEFENSA DE LOS PERITOS DE LA IGAE
De otro lado, el fiscal realizó una defensa de los peritos pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que intervinieron en la prueba pericial conjunta, subrayando su "alta cualificación y experiencia".
"Todas" las conclusiones de sus informes están "justificadas en la norma y legislación", al tiempo que "no han obviado lo que pudiera favorecer a la defensa de los acusados", mientras se aprecia en los informes de los peritos de parte y en sus declaraciones en el juicio "falta de estudio y actuación sobre la documentación relativa al programa presupuestario 31L", con el que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas y cuyos fondos eran allegados al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a través de transferencias de financiación, en virtud del convenio marco de julio de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA.
Los dos primeros bloques sobre cuestiones jurídicas objeto de la causa abordadas ya por la Fiscalía son la naturaleza jurídica de las ayudas y los beneficiarios y las transferencias de financiación del 31L.
Para la Fiscalía las ayudas investigadas eran subvenciones excepcionales y los "reales" beneficiarios eran las empresas, frente a las tesis de algunos peritos de parte, que no comparte "por absurdas", que dicen que los beneficiarios eran los trabajadores.
En este sentido, considera que la premisa básica de los acusados de que los beneficiarios son los trabajadores "no responde a la realidad" de los pagos con fondos públicos de las rentas comprometidas por las empresas, sino que busca el "efecto" de "soslayar" la obligación de comunicar a la Unión Europea las ayudas a empresas concedidas; "evitar el general conocimiento de estas ayudas" e "impedir que tengan que ser aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta en función de su importe", ha añadido.
"No cabe que los encausados no conozcan la realidad de las ayudas que se pretendían conceder como ayudas sociolaborales", sobre todo los destinatarios según la norma --Miguel Ángel Serrano Aguilar (director general de IDEA); Francisco Vallejo (consejero de Innovación); José Antonio Griñán (consejero de Hacienda), a través de su viceconsejera Carmen Martínez Aguayo; y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández-- del informe de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA de la Intervención General de la Junta del ejercicio 2003 conocido en 2005, que recogía una serie de deficiencias e irregularidades de las ayudas.
Ese informe, según ha subrayado la Fiscalía, se concluye que "se ha prescindido absolutamente del procedimiento legalmente establecido para las subvenciones excepcionales".
"La Fiscalía no tiene duda sobre el régimen legal aplicable a las ayudas investigadas, el previsto para las subvenciones excepcionales, es decir, el Título VIII de la Ley General de Hacienda, el decreto 254/2001 de Reglamento de Subvenciones y la Ley General de Subvenciones de 2003", ha expresado, apoyándose en las conclusiones de la Cámara de Cuentas y de la IGAE a este respecto.
Además, la Fiscalía Anticorrupción considera que el uso "inadecuado, indebido o fraudulento, llámese como se llame", de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas era una situación detectada por la Intervención General en sus informes de Control Financiero Permanente y puesta en conocimiento de sus destinatarios, por no cumplir los requisitos de dicha herramienta al no financiar actividades propias de IFA/IDEA sino el pago de subvenciones.
En el año 2000, la Junta llevó a cabo un cambio en la aplicación presupuestaria utilizada hasta entonces para el pago de las subvenciones excepcionales, introduciendo por primera vez el concepto presupuestario transferencias de financiación. "Una decisión adoptada conscientemente por los acusados en el ejercicio de sus funciones", según la Fiscalía.
"NO ENCUENTRA FUNDAMENTO PARA EL CAMBIO"
La Fiscalía "no encuentra fundamento que sustancie este cambio", que conllevó que el crédito consignado en el 31L a transferencias de financiación a IFA/IDEA se tramitara de forma global en un solo expediente con el traspaso de fondos en su totalidad, con autorización de la Secretaría General Técnica y fiscalización de la intervención delegada en Empleo, teniendo en cuenta que las transferencias de financiación "no requieren de justificación" para ser fiscalizadas.
De otro lado, "ha quedado acreditado" que la Dirección General de Trabajo "asumió compromisos frente a terceros para conceder ayudas sin sujetarse a procedimiento alguno, pues no consta solicitud, ni resolución de concesión, ni otros trámites requeridos". "Tampoco está acreditada la finalidad pública de las ayudas, ni la competencia legal del director general de Trabajo para su concesión".
La Fiscalía, en su informe, también ha puesto de relieve que "ninguna de las ayudas concedidas estaba incluida en la base de datos creada por la Consejería de Hacienda para su control, siendo la obligación del órgano concedente su registro y constituyendo un trámite esencial por lo que los interventores no debían fiscalizar de conformidad dichas ayudas".
"Cómo es posible que desde el año 2001 los fondos del programa 22E, posterior 31L, se gastaran, ejecutaran y tramitaran con falta de procedimiento legalmente establecido", se preguntó el fiscal, que precisó que con el cambio de concepto presupuestario y el consiguiente procedimiento seguido para conceder las ayudas "se separa la concesión de las subvenciones y el pago, entre la Dirección General de Trabajo y el IFA, lo que motivó las deficiencias".
