La Fiscalía reduce a un año y siete meses su petición de cárcel a los acusados por la ayuda de los ERE a Novomag

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este martes una nueva sesión del juicio correspondiente a la ayuda de 420.780,47 euros concedida por la Junta de Andalucía a la empresa Novomag Manufacturas Metálicas, supuestamente sin procedimiento legal y con una finalidad ajena a lo legal; una pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y las subvenciones directas y arbitrarias, financiadas con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía.

Durante esta sesión han comparecido tres peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, cuyo portavoz ha ratificado "íntegramente" el informe que previamente habían elaborado con relación a los fondos públicos cosechados por Novomag, cuyos responsables están sentados en el banquillo de los acusados.

Los acusados son en concreto María de los Ángeles Z.D., Juan Manuel P.B., José Luis F.J., Miguel A.G. y Rogelio M.I., creadores de la empresa Novomag, con sede social en La Línea de la Concepción (Cádiz), quienes según el escrito de acusación de la Fiscalía fundaron dicha entidad "para poder percibir fondos públicos de la Junta de Andalucía con los que saldar las deudas que mantenía con los acreedores, entre los que se encontraba la Tesorería General de la Seguridad Social, la sociedad Industrias Domésticas Inoxidables del Sur" (Idisur), de la que habían sido administradores y trabajadores, "evitando las posibles acciones de reclamación de cantidad contra los administradores y socios, así como subrogándose en los activos de Idisur para intentar retomar la actividad productiva".

SIN "ACTIVIDAD DE NINGÚN TIPO"

Mientras la Fiscalía considera que Novomag obtuvo "fondos públicos por importe de 420.708,47 euros sin sujeción a procedimiento alguno, sin acreditar requisitos que le habilitarían para ser beneficiaria de los mismos y aplicándolos al abono de deudas de otra sociedad (Idisur) en beneficio de los acusados"; el portavoz de los citados peritos ha detallado el convenio firmado por el que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, --fallecido en octubre de 2020--, y el entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) respecto a los fondos destinados a esta empresa.

Dicho convenio, según ha precisado, implica "una encomienda de pago" para que el antiguo IFA abonase los fondos a Novomag, sin que ello implicase "una resolución de concesión de ayudas" a la entidad, sobre todo porque Guerrero "no tenía competencias" para ello ni mediaba un "crédito presupuestario aprobado".

Gracias a esa fórmula, según ha dicho, era "obviada la fiscalización previa" de la Consejería de Empleo, pues el IFA contaba con una fiscalización "a posteriori" del pago. Es más, tampoco figuraba, según ha señalado el portavoz de los peritos, "ninguna solicitud" de ayudas por parte de la empresa ni nada respecto al "método" usado para calcular el importe subvencionado.

SUBVENCIÓN "SIN OBJETO DEFINIDO"

Además, ha rememorado que el convenio contenía alusiones a la "posibilidad" de que Novomag captase inversiones por valor de 1,7 millones de euros para "nueva maquinaria y equipamientos"; así como a la necesidad de "liberar deudas" de Idisur, si bien el documento "no determinada si se iban a subvencionar inversiones o deudas" ni se "desglosaba" deuda alguna. "Esta subvención no tiene un objeto definido", ha aseverado el portavoz de los peritos, rememorando con relación a Idisur que la Ley General de Subvenciones supedita las mismas a estar "al corriente" en materia de obligaciones con la Hacienda Pública.

Los peritos han confirmado igualmente que Novomag no podía recibir "una ayuda para saldar obligaciones de otra sociedad distinta", toda vez que los acusados admitieron en la primera sesión del juicio que después de que en 2002 Idisur dejase de tener actividad productiva real, crearon Novomag al contar con "un proyecto avalado por unos inversores" para reactivar las instalaciones de Idisur, destinando la mencionada ayuda al pago de parte de la deuda de esta última entidad con la Seguridad Social para evitar que los bienes de Idisur fuesen subastados.

"ABSOLUTAMENTE" OPACO

Eso sí, el portavoz de los peritos ha reconocido, a preguntas de una de las defensas, que los ya descritos métodos y procedimientos administrativos usados para la entrega del dinero eran "absolutamente" opacos para la ciudadanía convencional.

Ya en la fase de conclusiones, la Fiscalía ha anunciado una modificación de sus conclusiones provisionales, en las que pedía para cada acusado tres años de cárcel y ocho años y tres meses de inhabilitación absoluta por presuntos delitos de prevaricación y malversación; así como una indemnización de 420.708,47 euros en favor de la Junta.

Tras introducir una atenuante de dilaciones indebidas, la fiscal del caso ha reducido sus peticiones de pena, solicitando para cada uno de los acusados un año y siete meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación absoluta, por los mismos delitos ya señalados.