FOAM reclama a la Junta que no reduzca su aportación tras "el mayor refuerzo estatal de la historia" de la dependencia

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha valorado el real decreto-ley aprobado este martes 23 de junio por el Consejo de Ministros --pendiente aún de convalidación en el Congreso de los Diputados-- que reforma la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

La norma incrementa la aportación de la Administración General del Estado (AGE) en 1.756 millones de euros este año --el Gobierno cifra en 6.200 millones el esfuerzo adicional acumulado entre 2026 y 2027-- y la sitúa en 5.513,8 millones en 2026 y en 7.239,4 millones en 2027, con el objetivo de que el Estado financie el 50% del coste total del sistema al cierre de ese ejercicio, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Así, el refuerzo se articula mediante el incremento de las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a las comunidades por cada persona con grado reconocido. Desde el 1 de julio, la cuantía pasará de 76 a 90 euro en el grado I (+18%), de 130 a 260 euro en el grado II (+100%) y de 290 a 660 euro en el grado III (+128%). La entidad ha señalado además que FOAM ha venido reclamando este avance "de forma sostenida".

Las dos propuestas que la Federación registró ante el Ministerio de Derechos Sociales el pasado 13 de abril --un crédito suplementario para alcanzar el 50% de cofinanciación estatal y una hoja de ruta de convergencia-- apuntaban exactamente en esta dirección.

La Federación considera el incremento un "paso necesario y largamente esperado". Además, FOAM ha precisado una distinción técnica para evitar equívocos: alcanzar el 50% es una cuestión de reparto entre el Estado y las comunidades, no de nivel total de gasto.

Según el Informe País 2026 de la Comisión Europea, España destina el 0,8% de su PIB a los cuidados de larga duración, menos de la mitad del 1,7% de media de la Unión Europea.

La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) proyecta que ese gasto crecerá del 0,8% del PIB en 2025 al 1,6% en 2050. Así, Andalucía ha sido la comunidad que menos ha aportado de su propio presupuesto por persona con derecho reconocido cada año entre 2018 y 2025.

Es, además, la mayor receptora de financiación estatal de toda España: en 2025 recibió 802,4 millones de euros de la AGE, en torno al 21% de todo el crédito estatal del sistema.

Como el refuerzo se canaliza por la vía capitativa --más cuantía por cada persona con grado reconocido--, será también la principal receptora del incremento: prácticamente duplicará su nivel mínimo estatal (de 631,7 millones en 2025 a unos 1.270 millones), lo que supone 636 millones de euros adicionales al año. Por ello, FOAM ha subrayado que "el riesgo es que ese refuerzo se emplee para aliviar las cuentas autonómicas en lugar de mejorar la atención".

FOAM ha reclamado así a la Junta de Andalucía que no reduzca su aportación propia al amparo del refuerzo estatal, sino que la incremente para converger con la media de las comunidades. Además, ha pedido también que eleve la financiación andaluza del 1,075% al 1,58% del PIB regional como objetivo intermedio, en la senda del 2% como meta final; y que refuerce la valoración inicial, principal cuello de botella del sistema, y reduzca el tiempo medio de tramitación --446 días en Andalucía, frente a los 180 que fija la ley-- hacia el plazo legal; así como que traslade el refuerzo estatal a servicios efectivos, reduciendo la lista de espera andaluza, que a 31 de mayo de 2026 alcanzaba las 49.513 personas según los datos del SISAAD contabilizados por FOAM.

Para la Federación, el refuerzo estatal es "una buena noticia y una reivindicación cumplida, pero no puede convertirse en una excusa para que la Junta haga menos". "Si el Estado pone su parte, lo que la persona dependiente reciba en Andalucía dependerá, más que nunca, de la voluntad de su propio Gobierno autonómico", ha aseverado.