Fomento advierte del "fracaso de las medidas populistas" del Gobierno central tras un año en vigor de la Ley de Vivienda

SEVILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha advertido, un año después de la entrada en vigor de la Ley Estatal de Vivienda, del "fracaso de las medidas populistas del Gobierno de Pedro Sánchez", con "un desplome de la oferta" y con "el precio del alquiler alcanzando máximos históricos".

Así lo ha señalado la consejera en comisión parlamentaria después de que los diputados del PP y del PSOE discutieran sobre la conveniencia de analizar este asunto teniendo en cuenta que todavía no han tenido acceso a la sentencia íntegra del Tribunal Constitucional (TC), y sí a una nota informativa, tras el recurso presentado por la Junta a esta normativa estatal.

La consejera de Fomento ha recordado que Andalucía fue la primera comunidad en interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal por el derecho a la vivienda. "No hemos sido los únicos, ya que la Ley ha sido objeto de otros siete recursos de inconstitucionalidad", ha expresado la consejera, que ha puesto estos recursos como ejemplo de que la norma "se gestó y aprobó a espaldas de las comunidades autónomas".

Las mejores leyes, ha dicho, "nacen del consenso, pero en este caso el Gobierno prefirió tomar un atajo para enarbolar la bandera de la vivienda como mera propaganda electoral e ideológica". "Pedro Sánchez prefirió conceder todo el protagonismo a sus socios de Gobierno, Sumar y Bildu, pensando más en los pactos que le mantienen aferrado al sillón de la Moncloa, que en dar una solución realista a un problema tan sensible y que afecta a miles de españoles como la vivienda".

La consejera de Fomento ha afirmado que la Ley Estatal de Vivienda "es una norma que ha invadido claramente competencias autonómicas". El Alto Tribunal ha admitido los motivos de inconstitucionalidad y ha declarado nulos los artículos 16; 19.3; 27.1 párrafo 3; 27.3 y la disposición transitoria primera. "La Junta hizo lo que debía, poner en conocimiento que la Ley de Pedro Sánchez iba en contra de nuestra Constitución y los tribunales nos han dado la razón", ha señalado.

Se ha extendido en la valoración de una sentencia, a la que sí ha tenido acceso desde "hace dos días", que reconoce que "el Gobierno de España se ha excedido a la hora de querer regular la vivienda protegida, el parque público o los grandes tenedores, cuestiones que son potestad exclusiva de Andalucía como queda recogido en el Estatuto de Autonomía".

Esta sentencia permite, ha añadido, que Andalucía pueda desarrollar sin injerencias la futura Ley de Vivienda en materias tan sensibles como la vivienda protegida (tipología, catalogación, características o requisitos), pero también nuestro parque público. La Junta de Andalucía, que ya ha podido analizar de manera inicial el contenido de la sentencia, ha advertido de las consideraciones de cuatro votos particulares, es decir, el 40% del Alto Tribunal.

A Rocío Díaz le ha llamado la atención que "un pronunciamiento judicial, que debería contar con un gran consenso, reciba tantos votos discrepantes de magistrados que entienden que la declaración de inconstitucionalidad debería extenderse a casi todos los preceptos". En concreto, estos jueces consideran únicamente constitucionales un artículo (15.1 e) y dos disposiciones finales (1ª y 4ª) de los 16 artículos y cuatro disposiciones recurridas por la Junta de Andalucía.

La consejera se ha detenido en las consecuencias prácticas de la sentencia del Tribunal Constitucional, como "elimina cualquier intromisión del Gobierno de España en el concepto de vivienda protegida". Por ejemplo, el Estado planteaba un plazo de protección de, al menos, 30 años, que "no era atractivo ni para los promotores ni para los compradores".

Con la eliminación del artículo 16, se mantiene lo dispuesto por el Gobierno andaluz en el Plan Vive en Andalucía, con "criterios más flexibles en la catalogación de la vivienda protegida" de 15, 10 y 7 años en función de la categoría de la vivienda protegida. Medidas de flexibilización como esta, unidas a las líneas de ayudas a promotores públicos y privados para la construcción de viviendas, han permitido que Andalucía, desde la llegada de Juanma Moreno a la Junta, haya triplicado la certificación de viviendas protegidas -3.218 entre 2014 y 2018 y 10.258 entre 2019 y 2023–.

Al respecto, la consejera de Fomento ha calificado de "desolador" el balance del primer año de la Ley Estatal de Vivienda, con "menos oferta y más cara, lo que refleja el verdadero fracaso de las políticas populistas en una materia tan sensible como es la vivienda".

Rocío Díaz ha detallado asimismo que la norma del Gobierno de España ha generado "un impacto contraproducente en el mercado del alquiler", con "un efecto contrario al pretendido: la oferta de pisos en alquiler se ha desplomado por el temor de los propietarios".

Además, según ha explicado, ha generado "un marco de completa inseguridad jurídica que ha menguado la oferta y empeorado la situación, con un aumento exacerbado de los precios, especialmente en las grandes ciudades", como así reflejan los principales portales inmobiliarios.

PSOE: LA JUNTA RECIBE UN "VARAPALO"

En el turno de intervención de los grupos parlamentarios, la diputada socialista María Isabel Ambrosio ha criticado que el Gobierno andaluz "haga la avestruz y esconda la cabeza" tras "el varapalo" que ha recibido con la sentencia del TC tras presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Vivienda.

Además, también ha lamentado "los palos en las ruedas" que pone la Junta de Andalucía "cada vez que otros gobiernos quieren avanzar", por lo que se ha quejado "de los incumplimientos" sobre su propia gestión y "la falta de interés" cuando son medidas de otros, como el bono del alquiler joven."¿Qué piensa hacer ahora Juanma Moreno? Ya no tiene excusa para ponerse a trabajar" en este asunto, ha reclamado la diputada del PSOE.

Por su parte, el diputado de Vox Ricardo López Olea ha defendido el asunto "nuclear" que es la vivienda, que toca con "la dignidad humana", y ha criticado que las políticas desarrolladas anteriormente han "atacado" este derecho establecido en la Constitución. "Llevamos 40 años de retraso en este tema", ha advertido.

"Vemos jóvenes viajando en patinete y compartiendo la balda del frigorífico con dos o tres personas que no conocen", ha subrayado para añadir que "se ven abocados a vivir de esa forma" por una legislación que "ataca a un derecho primordial".

Por su lado, el diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha empezado su intervención criticando que las referencias que toma el Gobierno andaluz para abordar el problema de la vivienda es de "Fotocasa e Idelialista" porque "se cargaron el Observatorio de la Vivienda" y ha seguido pidiendo aclaraciones sobre "cómo incentiva la ocupación la nueva Ley de Vivienda y dónde está la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios".

Por último, el diputado del PP Pablo Venzal ha destacado que "el decremento de la oferta de vivienda en el mercado inmobiliario se debe fundamentalmente a la legislación" y ha apuntado que "la seis o siete legislaciones que el Gobierno central ha hecho desde 2018 ha hecho que se haya retraído la oferta".

Asimismo, ha criticado que, teniendo "todo el mundo obligaciones y derechos en el mercado, no puede cargarse todo en el derecho del arrendatario, en el derecho del ocupante, frente al mercado y al propietario, que muchas veces no son esos grandes tenedores que dicen sino personas normales y corrientes que alquilan sus viviendas".