Archivo - Reunión del vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) en Antequera (Málaga). (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira (Vox), ha explicado que el "convenio de colaboración" que ha planteado suscribir con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados "para la prestación de servicios de información y orientación jurídica especializados en materia de ocupación ilegal de inmuebles, 'inquiocupación' y desahucios", no necesitaría de una financiación propia adicional, ni tampoco formaría parte "del sistema de asistencia jurídica gratuita".
Así lo traslada el consejero de Justicia en una respuesta escrita a una pregunta que había registrado en el Parlamento el diputado del grupo Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo, "relativa al convenio de asistencia jurídica para propietarios frente a la ocupación", consultada por Europa Press tras su publicación en el boletín oficial de la Cámara a principios de este mes de noviembre.
En su respuesta al diputado de Por Andalucía, fechada el pasado 22 de octubre, Manuel Gavira confirma que desde la Consejería que dirige "se trabaja con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados con la finalidad de estudiar la implantación de un servicio de información y orientación jurídica especializada, que pueda prestarse a través de los Servicios de Orientación Jurídica existentes en los distintos Colegios de Abogados de Andalucía".
Dicho servicio, según continúa detallando el consejero de Justicia, "tendría por finalidad facilitar a las personas afectadas información especializada sobre las acciones legales disponibles, los procedimientos aplicables y los mecanismos de protección previstos por el ordenamiento jurídico para la defensa de sus derechos".
Según sostiene el vicepresidente segundo, "la fórmula jurídica más adecuada para instrumentar dicha colaboración sería la suscripción de un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para la organización y gestión de este servicio por parte de los respectivos Colegios de Abogados, al amparo de lo previsto en el artículo 35 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, que habilita a las Juntas de Gobierno de los Colegios para organizar y gestionar servicios de orientación jurídica en un sentido más amplio que el estrictamente vinculado a la asistencia jurídica gratuita".
En ese sentido, Gavira aclara que "el servicio al que se refiere la pregunta parlamentaria" del diputado de Por Andalucía "no constituye un supuesto de asistencia jurídica gratuita en los términos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita", en tanto que "la ocupación ilegal de inmuebles no se encuentra incluida entre los supuestos contemplados en el artículo 2 de dicha norma como determinantes del derecho a la asistencia jurídica gratuita".
"En consecuencia, la actuación propuesta no tiene por objeto la incorporación de estos supuestos al sistema de asistencia jurídica gratuita ni el reconocimiento de un nuevo derecho prestacional, sino la articulación de un servicio específico de información y orientación jurídica dirigido a personas particulares y comunidades de propietarios afectadas por situaciones de ocupación ilegal de inmuebles o de la denominada 'inquiocupación'", se puede leer a continuación en la respuesta de Gavira.
Así, el vicepresidente confirma que "el eventual servicio de información y orientación jurídica en materia de ocupación ilegal no tendría la consideración de prestación integrada en el sistema de asistencia jurídica gratuita, sino que constituiría una actividad complementaria desarrollada por los Colegios de Abogados en el marco de sus funciones de orientación jurídica".
FINANCIACIÓN
De igual modo, Gavira aclara, "en relación con su financiación", que "la prestación del servicio podría ser asumida por los propios colegios de abogados", y al respecto apunta que "este servicio de orientación jurídica ya cuenta con financiación de la consejería, pues trimestralmente se abona una compensación económica por gastos de funcionamiento en el ámbito del sistema de asistencia jurídica gratuita".
"En particular, dicha compensación se determina mediante un porcentaje sobre las cantidades certificadas trimestralmente por las actuaciones realizadas en materia de asistencia jurídica gratuita, sin que resulte necesario prever una línea de financiación específica adicional para el desarrollo del servicio proyectado", concreta el consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.
Por tanto, Gavira concluye en su respuesta al diputado Sánchez Rufo que "la propuesta de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local se concretaría en la suscripción de un convenio de colaboración" entre dicho departamento del Gobierno de la Junta "y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para la prestación de servicios de información y orientación jurídica especializados en materia de ocupación ilegal de inmuebles, 'inquiocupación' y desahucios, a través de los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados de Andalucía".
Además, el vicepresidente segundo se reafirma en señalar que "dicho servicio no formaría parte del sistema de asistencia jurídica gratuita", y "no es necesaria financiación" adicional a la ya existente, ya que "los servicios de orientación jurídica ya disponen de compensaciones abonadas por la consejería por sus gastos de funcionamiento".
"En consecuencia, nos encontraríamos ante un mecanismo de colaboración institucional destinado a reforzar la información y el asesoramiento jurídico de las personas afectadas por situaciones de ocupación ilegal, dentro del marco competencial que corresponde a la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local", concluye la respuesta de Manuel Gavira.
