JAÉN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
Representantes del Gobierno central se reunirán este martes con responsables de la organización agraria Asaja-Jaén para abordar la situación en la que se encuentra el proceso de abono de las expropiaciones realizadas a cuenta de la construcción de la A-32 en la provincia, cuestión por el que la citada entidad ha mostrado públicamente su "preocupación" por el número de pagos aún pendientes e incluso ha apuntado la posibilidad de organizar movilizaciones.
En concreto, según ha informado en una nota la Subdelegación del Gobierno, a la reunión acudirán en representación del Ejecutivo central el subdelegado, Juan Lillo, y el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, José del Cerro, mientras que por parte de Asaja acudirá su gerente en Jaén, Luis Carlos Valero, entre otros responsables.
Fuentes de la asesoría jurídica de Asaja han explicado a Europa Press que los representantes de esta asociación que van a acudir al encuentro van a trasladarle al Gobierno su "preocupación" por el modo "general" en el que se está desarrollándose ese proceso de pagos de expropiaciones, al tiempo que van a pedirle que el Ministerio de Fomento explique la "planificación" diseñada al respecto y le van a proponer que fije un "calendario" de esos abonos, información toda ella que posteriormente comunicarían a los afectados.
Según han recordado estas fuentes, actualmente existen en la provincia de Jaén "más de 2.500 expedientes de expropiaciones que ni siquiera han sido negociados", de manera que los afectados por éstos desconocen todavía el "justiprecio" que la Administración debería abonarles por la pérdida de esos terrenos, que, en su "gran mayoría" fueron expropiados "entre los años 2007 y 2008".
Se trata de "agilizar" esta cuestión para "no se quede paralizada ni en el olvido" y que "no se cierre la puerta a la negociación", según han insistido desde Asaja, que, no obstante y a pesar de que apuntasen en agosto la posibilidad de convocar movilizaciones por este asunto, constatan "buena voluntad" en el Gobierno en el pago de las expropiaciones, a la vez que insisten en abogar por que esta cuestión se resuelva por la vía del acuerdo.
Al margen de los "más de 2.500 expedientes" cuyo justiprecio está sin fijarse, hay casos de propietarios de fincas expropiadas que "aún no han cobrado" las cantidades que se acordaron con la Administración, según han apuntado las mismas fuentes, que, no obstante, han subrayado que esta cuestión reviste "menos importancia" que la de los afectados que aún no saben qué dinero van a cobrar para compensar la pérdida de sus tierras.