Gobierno y Junta negociarán 26 artículos de la LUPA, entre ellos el requisito del B2 y de creación de universidades

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado iniciar un proceso de negociación para evitar que la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) --que entró en vigor el pasado 25 de marzo-- termine en el Tribunal Constitucional (TC) al discrepar el Ejecutivo de Pedro Sánchez de 26 artículos y tres disposiciones adicionales del texto aprobado por el Parlamento andaluz. Para ello, se designará un grupo de trabajo para proponer a la subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de controversias "la solución que proceda".

Así figura en sendas resoluciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultados por Europa Press. Las discrepancias del Gobierno central se concentran en las grandes apuestas del Gobierno de Juanma Moreno plasmadas en la LUPA, como es el caso del requisito obligatorio de graduarse con un nivel B2 en inglés (artículo 13 de la LUPA); la política en materia de profesorado y los requisitos generales para la creación y reconocimiento de universidades (artículo 116).

Igualmente, el Gobierno de España quiere negociar sobre el Claustro, el Consejo de Gobierno y su composición, órganos unipersonales, Consejo Social (naturaleza y funciones) y sobre la calidad normativa de las universidades públicas. Las disposiciones adicionales sobre las que el Ejecutivo de Sánchez muestra recelos son la segunda (referida a la Universidad Internacional de Andalucía, sobre la que tampoco ve claro su papel como coordinadora de las políticas de internacionalización), la undécima (conciertos entre universidades e instituciones sanitarias y docentes no universitarias) y la duodécima (convenios para la cotización del personal de las universidades).

La nueva norma sustituye al actual marco legal, que data de 2013, y, en materia de estudiantado, reconoce por primera vez mediante ley el derecho de los alumnos a acceder a un sistema de bonificación de los precios de las matrículas. Además, recoge la exigencia del B2 en la acreditación de un idioma extranjero para la obtención de un título oficial universitario y para el acceso del profesorado a las categorías de ayudante doctor y contratado doctor.

También la norma incorpora, por primera vez, "la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y a las residencias de los estudiantes a través de programas de actuación conjunta de las universidades", y "garantiza por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Junta".

Asimismo, se fijan medidas para "asegurar la cobertura inmediata de la docencia cuando exista una vacante y en tanto se realiza el proceso administrativo de contratación de nuevos docentes, y se amplían las funciones del Consejo Asesor de Estudiantes". Otro de los aspectos en los que profundiza el texto es el impulso a la formación continua, con el reconocimiento de títulos propios de las universidades y microcredenciales. Por primera vez, la Junta tendrá en cuenta estas titulaciones en los concursos que realice.

En lo que respecta a la internacionalización, se establece la creación de una estrategia que atenderá a cuestiones "relacionadas con la investigación y la captación del talento", y se apunta a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) como "pieza clave de esa línea de trabajo". Para "favorecer la retención del talento y dar estabilidad a la carrera académica del profesorado", el documento incorpora diversas medidas como la limitación del "uso indebido" de la figura de profesor sustituto interino.

En el articulado de la ley también se determina la disposición de un modelo de financiación común para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, "respaldando así tanto los principios como la estructura que sustentan el actual modelo acordado por unanimidad con los rectores". En el ámbito de la gestión universitaria, uno de los aspectos más relevantes es que se regulan, por primera vez, los campus universitarios, mientras que, por otro lado, se refuerzan las funciones de los consejos sociales en la captación de fondos, se garantiza su financiación a través del modelo de financiación, se incluyen mayores exigencias de transparencia y objetividad en sus actividades y se crea el Consejo Andaluz de Consejos Sociales Universitarios.

En materia de coordinación, se crea el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria para ampliar la representación del actual Consejo Andaluz de Universidades. Por otro lado, la ley aumenta los requisitos para la creación y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía, con el objetivo de "reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario y de asegurar la prestación de este servicio público". Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una "trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior".

Las universidades públicas andaluzas decidieron ser "lo más prudentes" posible en la adaptación de sus estatutos a la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) después de que el Gobierno central y la Junta vayan a abrir este proceso de negociación en torno a la Ley después de que el Ejecutivo central haya señalado "incompatibilidades constitucionales" hasta en una treintena de artículos. Este mecanismo no es la primera vez que se utiliza. De hecho, recientemente, se ha recurrido a él para limar disparidad de criterios en torno a la Ley de Vivienda de Andalucía y a la Ley de espacios productivos.