GRANADA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PP de Granada, Antonio Ayllón, consideró hoy que la Fiscalía no ha contado con "todos los medios" suficientes para investigar al alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, juzgado por un delito contra el medio ambiente por unos vertidos ilegales en un acuífero del municipios, ya que no se han autorizado escuchas por parte de la Policía.
Así en rueda de prensa lamentó el hecho de que el jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Luis de Haro-Rossi, no ordenara dichas escuchas, por lo que acusó al PSOE de usar una "doble vara de medir" al no autorizar las escuchas a sus dirigentes "sospechosos" y sí a otros alcaldes del PP, como se hizo con el ex primer edil de Alhendín José Guerrero.
Comparó además la situación en Atarfe, "donde el PSOE no ha hecho nada" con Armilla y el caso 'Nevada', en el que están implicados el anterior alcalde José Antonio Morales Cara y el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate. "En Armilla esperaron a que el alcalde agotara la legislatura y en Atarfe permitieron que se presentara incluso a las elecciones", por lo que, según dijo, "el PSOE no ha limpiado su casa".
El PP volvió a pedir que se investigara el patrimonio de los implicados en el caso 'Nevada' y se preguntó además "de dónde saca el dinero" el primer edil de Atarfe, que se puede permitir "campañas pantagruélicas". Así, apuntó que Sánchez tiene "amistad" con un grupo de empresarios "con los que se intercambia regalos".
La Fiscalía mantuvo ayer en el juicio por los vertidos la acusación contra Sánchez y los dos ediles Tomás Ruiz y Luis Pozo, para los que pide año y medio de prisión, así como inhabilitación para el que fuera jefe del Servicio de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, José María Visedo.
Tal y como presentó en el escrito de calificación provisional, que elevó a definitivo en el juicio oral, que quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal 2 de Granada, el Ministerio Público presentó como alternativa a la pena de cárcel solicitada para los responsables del Ayuntamiento ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de una multa de 12.960 euros para cada uno.
