CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, la Junta y la Universidad de Córdoba (UCO), entre otras instituciones y administraciones, han establecido los servicios mínimos para la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, destacando que el transporte urbano, con Aucorsa, y el interurbano, con el Consorcio de Transporte Metropolitano, tendrán servicios mínimos del 60%, segúna la resolución de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía.
Al respecto, en el caso del Ayuntamiento se han determinado los servicios mínimos que procedan en el ámbito de competencia municipal, con indicación no nominativa del número de empleados públicos, en las áreas de Presidencia y Políticas Transversales; de Economía, Hacienda y Administración Pública; de Cultura y Turismo, y de Desarrollo Urbano, Sostenibilidad y Servicios Públicos.
En el Área de Derechos Sociales, en cada centro de servicios sociales comunitarios habrá una persona ordenanza para atender las funciones de apertura y cierre del centro, un trabajador social, un educador social y un auxiliar administrativo, para el tratamiento de situaciones de emergencia y tratamiento de posibles registros de entradas para tratar de solicitudes de emergencia, junto a los servicios mínimos en los departamentos centrales de la Delegación.
En cuanto a la Diputación, en cumplimiento del artículo 71 del VIII Acuerdo/Convenio Colectivo, los servicios mínimos durante la jornada de huelga general son los establecidos para un día festivo en el Servicio de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual; el Centro Agropecuario Provincial; el Albergue de Cerro Muriano; el Centro de Arte Contemporáneo 'Rafael Botí', y la Oficina de Comunicación e Imagen. Las empresas y organismos autónomos también han fijado sus servicios mínimos para garantizar la prestación del servicio.
En relación a la Universidad de Córdoba, la institución ha publicado distintas resoluciones, instrucciones y comunicaciones dirigidas a los diferentes colectivos de la comunidad universitaria con motivo de la huelga general. Los documentos abordan los servicios de seguridad y mantenimiento de las instalaciones, el ejercicio del paro académico por parte del estudiantado y el seguimiento de la actividad docente durante la jornada.
En lo concerniente a los servicios de seguridad y mantenimiento, la Gerencia ha publicado en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba (Bouco) una resolución por la que se regulan dichos servicios. La resolución establece las dotaciones de personal necesarias y los criterios para su designación en los distintos centros e instalaciones universitarias. Estos servicios comprenden, entre otros, el control de accesos, la atención de animales, la conservación de muestras biológicas y el mantenimiento de instalaciones críticas y sistemas informáticos. Su dotación no supera la de un sábado o festivo y no incluye actividades docentes, de evaluación, de gobierno ni de atención al público.
El documento señala también que el registro presencial no forma parte de los servicios establecidos para la jornada. El registro electrónico permanecerá operativo a través de la Sede Electrónica. No se exigirá al personal comunicación previa de su adhesión a la huelga.
PARO ACADÉMICO
En lo concerniente al estudiantado, los vicerrectorados de Estudiantes, Acceso y Empleabilidad y de Estudios de Grado, Calidad, Innovación Docente y Política Lingüística han dictado una instrucción conjunta sobre el ejercicio del paro académico, a raíz de la solicitud presentada por el Consejo de Estudiantes.
La instrucción establece que el estudiantado que secunde el paro no podrá sufrir consecuencias académicas desfavorables derivadas exclusivamente de esta circunstancia y deberá tener acceso a los materiales docentes de las actividades afectadas. Quienes decidan no participar tendrán derecho a asistir y participar con normalidad en las actividades programadas, sin perjuicio alguno.
Con carácter general, la docencia se desarrollará conforme a la programación prevista, aunque se recomienda no programar nuevas actividades evaluables durante esa jornada. Los centros y el profesorado deberán adoptar las medidas necesarias respecto de las evaluaciones ya previstas para garantizar los derechos del estudiantado. La instrucción tiene carácter excepcional, mientras se tramita la normativa interna sobre el paro académico.
Por otro lado, los vicerrectorados de Personal Docente e Investigador y de Estudios de Grado, Calidad, Innovación Docente y Política Lingüística han remitido al profesorado una comunicación en la que se recuerda que el ejercicio del derecho de huelga corresponde libremente a cada persona trabajadora y no requiere comunicación previa. Durante la jornada se mantendrán los procedimientos habituales de control de la docencia, sin establecer mecanismos adicionales.
El profesorado que imparta clase deberá registrar su actividad por los cauces habituales. Quienes no hayan impartido la docencia programada, por haber secundado la huelga o por cualquier otra circunstancia, deberán indicar el motivo a través de la opción 'Justificar ausencia' de Espacio Docente.
El profesorado que haya secundado la huelga y cuya participación no pueda identificarse mediante los mecanismos habituales podrá comunicarlo a través de la sede electrónica hasta el 13 de noviembre inclusive. Tras la jornada se revisarán las posibles incidencias registradas en el control de la docencia. La comunicación recuerda también que el personal que secunde la huelga estará sujeto a la correspondiente deducción de retribuciones.
DEMANDA DE CGT
En lo referido a los servicios mínimos del Ayuntamiento, el sindicato de trabajadores de la Administración Pública de Córdoba de la CGT ha informado de que la Sección de lo Contencioso-Administrativo, Plaza número 4, del Tribunal de Instancia de Córdoba, ha admitido a trámite su demanda contra el decreto de servicios mínimos del Consistorio.
No obstante, el juez ha acordado denegar la medida solicitada por CGT para suspender cautelarmente "la eficacia y exigibilidad de las dotaciones identificadas en el apartado IV, con el alcance temporal y las salvaguardas expuestas", y ordenar su "inmediata comunicación al Ayuntamiento para su cumplimiento", según recoge el auto, a la vez que da audiencia a la administración demandada y al Ministerio Fiscal para que "en el plazo de tres días aleguen lo que a su derecho convenga sobre las medidas cautelares". Contra esta resolución, que no es firme, cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 15 días.
