SALOBREÑA (GRANADA), 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Salobreña llevará a pleno el próximo lunes una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre la sanción de 10.000 euros impuesta al cabrero Santiago Alonso, que fue multado por construir en un paraje natural un corral sin licencia.
Asimismo, también solicitará que esa comisión revise todos los procedimientos sancionadores de los últimos cinco años y recopile datos sobre su ejecución, solución de las infracciones, y recaudación de las sanciones. Además, a juicio de IU, deberá revisarse y analizarse el protocolo de coordinación entre Urbanismo y el resto de las Áreas y Recaudación ante los procesos sancionadores.
Pide además la elaboración y aprobación de ordenanzas que regulen la actividad ganadera en el municipio y tenencia de animales tales como caballos, y la redacción de un informe del estado de las Vías pecuarias, para exigir a la Junta de Andalucía que cumpla sus obligaciones con respecto de las mismas.
En el texto de la moción, consultado por Europa Press, el portavoz del grupo, Ángel Coello, considera que el conflicto vivido recientemente en el pueblo, donde se acumularon los excrementos de los animales que pastores y cabreros llevaron para protestar por la sanción, dejó en evidencia "situaciones y vicios" del gobierno municipal y su modo de gestionar la administración local, "que no pueden cerrarse como si tal cosa no tuviera importancia o gravedad alguna".
Se ha puesto en evidencia, en opinión de IU, que la actividad ganadera no está regulada ni ordenada; que por las manifestaciones del cabrero afectado, sus familiares y otros ganaderos, que el alcalde y algún que otro técnico municipal responsable, "han metido a éstos en un callejón sin salida, cuando les han animado a continuar las obras sin licencia, sin proyecto"; la falta de información y transparencia en los procedimientos sancionadores urbanísticos; y que de las cientos de multas realizadas desde el 2005 por sanciones urbanísticas "no existe ninguna relación ni información precisa de su ejecución, lo cual para salir del estado de sospecha generalizada en la que se encuentra este Ayuntamiento sería necesario aclarar".
Además, la situación, continúa Coello en la exposición de motivos en la moción, ha dado a conocer que las multas coercitivas, "cuyo única finalidad es demoler lo que se construye ilegal", bien por el propietario o bien con el dinero de la multa por el Ayuntamiento, se convierte en un "fraude recaudatorio" puesto "que se cobra pero no se corrige o demuele, haciendo bueno el tópico de quien tiene dinero o recursos pude infringir la ley y las normas".
Alonso reivindicó una solución a su situación mediante concentraciones con su rebaño --de 200 cabezas-- en la plaza del Ayuntamiento y contó en estas movilizaciones con el apoyo de otros pastores que también tenían denuncias por la construcción irregular de las instalaciones de sus explotaciones ganaderas.
El pastor tenía sus bienes retenidos ya que había comenzado la vía ejecutoria para que salde una denuncia administrativa de 1.700 euros y los correspondientes recargos que elevan la sanción hasta los 10.000 y, ante esta situación, los concejales en el Ayuntamiento se comprometieron a destinar su asignación municipal al abono de las multas, y a que el Ayuntamiento le concedería una subvención para levantar el embargo de su vivienda.
