JAEN, 12 May. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, ha dado los últimos pasos en la tramitación administrativa para que el Parque Natural de Sierra Mágina obtenga la Carta Europea de Turismo Sostenible.
En un comunicado remitido a Europa Press, la Administración andaluza informó de que la iniciativa convertiría a la zona en el segundo espacio natural protegido de la provincia en contar con este instrumento de gestión, tras el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.
En este sentido, la delegada provincial de Medio Ambiente, Amparo Ramírez, mostró hoy su satisfacción en la reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad por el trabajo coordinado entre los responsables del Parque, la Junta de Andalucía y los agentes sociales y económicos de Mágina "para caminar en la misma dirección hacia una nueva forma de aprovechar, dentro de los parámetros del desarrollo sostenible, nuestros espacios naturales y diversificar la economía de los municipios en dirección al pujante turismo de interior".
La Carta Europea de Turismo Sostenible supone una herramienta esencial para empresarios del sector y administraciones. Los primeros disponen de medidas concretas e incentivos para apostar por la inversión en un parque natural, siempre condicionados por el respeto a la biodiversidad del entorno en el que desarrollarán su trabajo. Por su parte, las administraciones encuentran en la Carta un diagnóstico de las fortalezas, debilidades y ventajas de potenciar el turismo y la articulación de medidas de conciliación del respeto a la naturaleza con la alternativa productiva al monocultivo del olivar.
Por otro lado, en la reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente se han analizado los pasos dados en el calendario de cumplimiento del Plan de Calidad del Aire de Bailén.
En este sentido, los agentes medioambientales visitan en la actualidad las empresas de la localidad para colaborar con ellas en la cumplimentación de unas fichas de diagnóstico con las que los técnicos evaluarán las medidas e inversiones que las industrias han hecho, están haciendo y pretenden realizar para adecuar sus instalaciones a las emisiones de contaminantes a la atmósfera que marca la normativa internacional, explicó la delegada.
