JAÉN, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los once acusados de delitos contra la ordenación del territorio por edificar de forma ilegal en la zona de los Bermejales, en un paraje protegido bajo la figura de 'complejo serrano de interés ambiental', aceptaron hoy una pena de medio año de prisión.
En el juicio, que pese a que estaba previsto que se prolongase durante la jornada de hoy y la de mañana quedó visto para sentencia tras reconocerse los acusados como culpables de delitos contra la ordenación del territorio, los nueve propietarios de chalés ilegales aceptaron la pena de medio año de prisión y el pago de una multa de 1.080 euros.
A su vez, los otros dos procesados en este caso, el presidente de una de las comunidades de propietarios y un constructor, la pena de prisión directamente se les ha conmutado en una multa, de forma que finalmente tendrán que abonar algo más de dos mil euros cada uno de ellos.
Así las cosas, el fiscal mantuvo su petición de demolición de las obras ilegalmente edificadas mientras que las defensas mostraron su oposición alegando, entre otros motivos, que en esta zona estas no son las únicas construcciones ya que, aproximadamente, hay un centenar de casas en este área y, por tanto, pidieron que esta decisión se adopte en el ámbito administrativo.
Estos nueve acusados se construyeron casas ilegales en la urbanización no autorizada conocida como Tentesón-Bermejales, que surgió de la parcelación de diversas fincas rústicas que llevaron a la creación de dos comunidades de propietarios. Esas edificaciones se levantan sobre suelo no urbanizable y calificado en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) por la citada figura de complejo serrano de interés ambiental.
Además, se da la circunstancia de que una cañada real, que va desde Los Villares a La Guardia, atraviesa ese terreno y de que han invadido parcialmente el dominio público del arroyo Tejerina. A todo ello, el ministerio público añade que carecían de licencia u autorización de obras.
Un pleito entre vecinos derivó en que dos propietarios presentaran una denuncia ante la Guardia Civil que llevó a que el Instituto Armado abriera una investigación en la que más de 60 personas se vieron imputadas y, de ellas, son once las acusadas en este proceso.
