JAÉN, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de lo Penal número dos de Jaén ha vuelto a suspender el juicio por las construcciones en el paraje del Megatín, en la localidad jiennense de Torredelcampo, un proceso en el que el fiscal acusa a 12 personas, entre las que se encuentra el alcalde de Torredelcampo, Blas Sabalete (PSOE).
En esta ocasión, según detallaron las diferentes fuentes judiciales consultadas, el magistrado decretó el aplazamiento de la vista hasta en tanto el Ayuntamiento del municipio concluya un expediente administrativo con el que se legalizaría este área clasificada como no urbanizable y protegida en parte por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia.
Dicho proceso modifica las normas subsidiarias y ya goza del visto bueno de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, si bien todavía requiere la evaluación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para, acto seguido, remitir todo el expediente a Obras Públicas para que lo evalúe y apruebe si considera conveniente. Este proceso administrativo durará aproximadamente un año o un año y medio, de forma que una vez que concluya se volverá a fijar la fecha del juicio.
Por su parte, el abogado del Ayuntamiento de Torredelcampo especificó que el objetivo es "ordenar" el área del Megatín, en la que se comenzó a construir en el año 1965, cuando el Consistorio declaró que una zona determinada era urbana. Paulatinamente, en las inmediaciones de ese área se fueron construyendo más casas, aunque no entraban dentro del ámbito aprobado inicialmente. Con respecto a la vía pecuaria supuestamente afectada, el letrado argumentó que ya se ha elaborado un trazado alternativo y que este ha sido aprobado.
ESCRITO DE ACUSACIÓN.
El escrito de acusación del fiscal, que fue consultado por Europa Press, contempla que Sabalete es responsable de un delito continuado de omisión del deber de perseguir delitos por el que solicita que se le condene a dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Asimismo, al propietario de las fincas, Antonio R.C., le acusa de un delito continuado contra la ordenación del territorio por el que pide tres años de prisión, el pago de una multa de 7.200 euros.
A las otras diez personas, el ministerio público les considera responsables de delitos contra la ordenación del territorio por los que pide para cada uno la imposición de un año de prisión y el abono de una multa de 1.080 euros.
El fiscal expone que Antonio R.C. promovió con el fin de obtener un beneficio económico la construcción de viviendas destinadas a ser una segunda residencia en una zona natural protegida y que no estaba destinada a uso residencial, área que además carecía de infraestructuras como viales y de servicios básicos como suministro de agua, alcantarillado o energía eléctrica.
Los movimientos de tierra comenzaron en el año 1993, pero fueron suspendidos administrativamente, aunque el acusado "decidió continuar con dichas operaciones" que en principio contemplaban la construcción de 14 viviendas y que siete años más tarde se ampliaron hasta 60 parcelas. En ningún momento solicitó autorización o licencia urbanística al Ayuntamiento de Torredelcampo ni a las áreas autonómicas de Medio Ambiente o Urbanismo, a pesar de que tampoco estaba respetando una vía pecuaria y de que estaba "ignorando" una orden de paralización de obra que emitió en 1993 el anterior alcalde de la localidad, Antonio Galán Sabalete.
En concreto, se realizaron construcciones y edificaciones por parte de los acusados Francisco M.M.; Lázaro V.V.; José R.R.; Manuel C.R.; José Javier L.C.; Antonio Ch.M.; Manuel M.R.; José F.M. y Juan Antonio M.R. Estas casas, que además constan de sistemas de evacuación de aguas residuales no autorizados, por agentes del Seprona de la Guardia Civil en febrero de 2005.
