El instructor deja fuera de esta pieza separada a cuatro 'intrusos' que fueron inicialmente imputados
SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla Álvaro Martín ha ratificado la imputación del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas en la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los ERE y ha ampliado a 30 el número de personas investigadas en esta pieza.
En un auto fechado el 9 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado rechaza así la petición planteada por la defensa de Rivas, que solicitó que archivara su imputación y planteó si su inclusión en esta pieza separada también respondía a un "error material" de la juez María Núñez Bolaños, como ocurrió en el caso del exconsejero Gaspar Zarrías.
El instructor considera que Antonio Rivas, como delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, "consintió y favoreció el desarrollo de ERE, en los que se empleaban entidades intermediarias a sabiendas de la percepción de sobrecomisiones, como contrapartida a la inclusión de 'intrusos' y a la ausencia de un trámite ordinario en la concesión de las ayudas".
"Sin perjuicio de lo que finalmente pueda acordarse, no cabe apartarlo del procedimiento en este momento, por cuanto el mismo está indiciariamente relacionado con los hechos que se investigan", argumenta el magistrado en este auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
IMPUTA A LA MUJER DE JUAN LANZAS
En el auto, el juez accede además a la petición realizada por la acusación que ejerce la Junta de Andalucía e imputa a otras 19 personas, entre ellas María Ángeles Sierra, esposa del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas; Carmelo Cruz, cuñado de Lanzas, o el exsecretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido.
Asimismo, imputa en esta pieza separada al exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual Arxé, que se encuentra "en paradero desconocido" desde el mes de julio de 2015; al empresario Ángel Quesada del Valle "como responsable de pagos en favor de Juan Lanzas y Francisco Algarín"; a varios abogados, o al administrador de una empresa "a través de la cual se blanqueó dinero".
El magistrado, además, atiende la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción en relación a una más concreta narración de los hechos y su vinculación con cada uno de los investigados, "a los meros efectos de integrar en el auto la descripción del contexto de esta investigación, así como de la relación con la misma de los investigados respecto a los cuales se acuerda deducir testimonio".
En este sentido, relata que entre los años 2000 y 2011 "se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo" el denominado procedimiento específico, cuyo objeto "era la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros", que fueron objeto "de un reparto discrecional o, incluso, arbitrario".
LOS HECHOS
El instructor añade que, "para alcanzar ese fin de distribución, se empleó entre otras técnicas" la de contratación de pólizas de renta colectiva para satisfacer los ingresos que les correspondían a trabajadores que se prejubilaban o quedaban afectados por ERE, no obstante lo cual, "aprovechando estos expedientes y la falta de control administrativo de los procedimientos de concesión de las ayudas, se operó introduciendo personas que no tenían derecho a estas ayudas o afrontando pagos indebidos".
Para lograr tal resultado final, "se precisó de la colaboración de diversas personas y entidades vinculadas con los seguros, las cuales verían remunerada su cooperación a través de la percepción de sumas muy superiores a las medias de mercado por el trabajo realizado", asevera el juez, que indica que "se dio así lugar a lo que ha venido en llamarse sobrecomisiones, cuya existencia, cuantía y participación en su creación y reparto constituye el objeto" de esta pieza separada.
El juez acuerda dejar fuera de la pieza a cuatro personas inicialmente imputadas, como son Antonio Garrido Santoyo, exsecretario de Política Municipal del PSOE en Baeza (Jaén), exsecretario de Administración de UGT en Sevilla e 'intruso' en el ERE de 2007 de Mercasevilla; Damián Jiménez Rueda, que fue secretario provincial de Alimentación de CCOO en Jaén entre 1996 y 2004 y cuya esposa fue incluida como 'intrusa' en el ERE de Dhul; Luis Javier García de los Reyes, exdirigente de la UGT en Jaén cuya esposa fue incluida en la póliza de prejubilaciones de Hitemasa, y Mariano Martínez Fernández, antiguo trabajador de Hijos de Andrés Molina y "posible conocido de Lanzas".
Y es que el magistrado entiende que "no existen méritos para vincularlos" con esta pieza, y ello "en la medida en que los mismos presentan la condición de lo que ha venido en denominarse 'intruso', pero no consta que tuviesen intervención directa en la puesta en marcha y funcionamiento de un sistema de cobro y concesión de sobrecomisiones vinculado al mantenimiento de un sistema de concesión de ayudas y subvenciones carente de las mínimas garantías administrativas".
EL PAPEL DE GUERRERO
Por contra, el juez sí mantiene imputado en esta pieza al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien "promovió de manera directa el establecimiento de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo y aprovechando el mecanismo de sobrecomisiones para lograr los fines de libre disposición sobre las partidas destinadas a ayudas sociolaborales".
Respecto al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, el instructor dice que "actuó en numerosos expedientes de ayuda como mediador, logrando la financiación de la Junta y facilitando la intervención de Vitalia y Estudios Jurídicos Villasís en lo referente a la tramitación de las ayudas a la empresa", de manera que, "por la influencia ejercida sobre los directores generales de Trabajo, lograba que se suscribiesen pólizas con sobrecostes de cuantía injustificada".
El juez analiza también en este auto la imputación de Antonio Rivas; de los exdirectivos de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo; del dueño de Uniter, José González Mata, o del cuñado de Lanzas, Ismael Sierra.
Para concluir, el juez advierte de que esta relación de hechos y de investigados "no puede ser considerada como definitiva, pues queda sujeta a la ulterior concreción, en fase de instrucción, así como la posible ampliación a terceros por hechos directamente relacionados con la percepción de estas sobrecomisiones".
