GRANADA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha exigido al Gobierno central "medidas contundentes" frente al "incremento de casos de mujeres asesinadas a causa de la violencia machista" así como la recuperación de partidas presupuestarias para la prevención y la intervención ante esta situación "sangrante".
En declaraciones a los medios antes del acto institucional con motivo del Día de Andalucía en Granada, María José Sánchez Rubio ha expresado "la grandísima preocupación" del Gobierno andaluz y ha recordado la necesidad de "acelerar el pacto de Estado contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres" abogando por "aunar esos esfuerzos" con la Administración General del Estado para que "podamos controlar esta situación".
Sánchez Rubio se ha referido a la reunión de miembros del Consejo de Ministros este pasado jueves para abordar este tema, incidiendo en el aspecto presupuestario pues en su opinión "recuperar un 20 por ciento no tiene sentido puesto que se ha perdido el 37 por ciento en materia de igualdad en estos años y de violencia de género".
Por ello, para la Junta de Andalucía es necesario "recuperar la financiación" ya que "los programas y la prevención no se hacen solas" en una materia que no solo afecta a las mujeres sino también a los hijos "que sufren de manera directa" la violencia machista que ha dejado 16 víctimas mortales en lo que va de año, "cinco en dos días", ha remarcado la consejera de Igualdad que ha pedido también la implicación de la sociedad civil en esta lucha.
En el acuerdo alcanzado este pasado jueves en el ámbito nacional --tras el peor arranque de año en al menos una década en esta materia-- por los titulares de Interior, Justicia y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como un representante de Educación, se contempla crear "un órgano interministerial" y una "mesa permanente" de seguimiento para prevenir y luchar contra la violencia de género, que entre otras actuaciones, se encargará de revisar los protocolos existentes y la "asignación presupuestaria" de todas las administraciones implicadas.
