SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha anunciado que su departamento tiene previsto aplicar nuevas medidas adicionales de los sistemas de control y vigilancia de las cortas mineras, entre las que citó un nuevo inventario y el refuerzo de las inspecciones dentro del marco del Plan General de Inspección del área de Industria, Energía y Minas, y además va a solicitar a los titulares de los derechos mineros un informe sobre las medidas de conservación y seguridad ambiental de las explotaciones y lugares adyacentes.
Durante una respuesta parlamentaria en el Pleno, Javier Carnero ha recordado que la Junta ya mantiene como premisa que las empresas mineras deben cumplir "los estándares más elevados de protección de la naturaleza y seguridad ambiental", de tal forma que las explotaciones tienen que contar con un proyecto "que garantice la viabilidad medioambiental, técnica y social, y que incluya la rehabilitación posterior de la zona explotada".
El consejero ha recordado que la Estrategia Minera de Andalucía 2020 ya propone distintas acciones en esa dirección, como la rehabilitación minera "que persigue la protección y preservación del patrimonio natural y la biodiversidad". Ha añadido que, en virtud de esta estrategia, la Dirección General de Industria, Energía y Minas desarrolla una labor de control partiendo del principio de responsabilidad que establece la Ley de Minas, que establece que "el titular o poseedor de los derechos mineros es responsable de los daños y perjuicios causados por la explotación minera", y se fija igualmente un reglamento de sanciones al respecto.
Carnero ha indicado que "se está trabajando en el establecimiento de medidas adicionales de acompañamiento y refuerzo de los sistemas de control y vigilancia de las cortas mineras de la Faja Pirítica", en concreto desarrollando las actuaciones necesarias para realizar un inventario de diagnóstico ambiental de la industria extractiva en Andalucía para la integración ambiental y puesta en valor del patrimonio minero "como recurso turístico, cultural, social y económico que ayuda al desarrollo del territorio".
Entrando en el detalle sobre las medidas que se pondrán en marcha, Javier Carnero ha especificado que el nuevo inventario y diagnóstico ambiental de la industria extractiva tendrá como objetivo, además de la integración ambiental de las explotaciones y la puesta en valor del patrimonio cultural minero, la actualización del inventario existente y el establecimiento de un protocolo de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en materia de prevención.
En particular, se va a efectuar la actualización del inventario existente de cortas inundadas y establecimiento del protocolo de colaboración con Medio Ambiente. Ha precisado que, según el Instituto Geológico Minero de España, "sólo existe una corta inactiva, la de Paymogo", mientras que en las cortas activas, el consejero ha recordado que su mantenimiento es responsabilidad de los titulares de la explotación.
Asimismo, el consejero ha explicado que se va a solicitar a los titulares de los derechos mineros un informe sobre las medidas adoptadas en materia de conservación, mantenimiento de la seguridad y seguimiento ambiental, que deberá incluir además información sobre instalaciones adyacentes a las explotaciones.
En ese mismo sentido, Javier Carnero ha asegurado que se van a reforzar las inspecciones sobre las cortas mineras que ya se vienen realizando en el Plan General de Inspección 2016-2017, y que se centran sobre todo en las condiciones de seguridad minera y sus afecciones.
El consejero ha reiterado que la Junta "desarrolla sus competencias mineras con la premisa de que la minería debe operar sobre el respeto de normas y planes ambientales y garantizando el patrimonio ambiental y protección de la naturaleza", insistiendo en que la Junta "pondrá en marcha cuantos controles y procesos administrativos tengan que llevarse a cabo", insistiendo en el nuevo inventario de diagnóstico ambiental de la industria extractiva, en los informes detallados sobre medidas adoptadas para la adecuada conservación, y reforzamiento de las inspecciones en las cortas e instalaciones adyacentes que se realizan en el marco del Plan General de Inspección.
Por su parte, el diputado de Podemos Jesús Romero ha recordado que la Consejería "tiene competencias en materia de seguridad de las instalaciones mineras tanto en activo como ya cerradas, según contempla una norma de 1985, ya obsoleta y necesitada de una reforma urgente".
Romero ha pedido información sobre qué medidas de control se están desarrollando en las instalaciones en desuso y abandonadas en la provincia de Huelva para "evitar y prevenir hechos como los que ocurrieron en la mina de La Zarza" y si esas medias están "acordes a lo que la normativa requiere". "Queremos ver con datos las actuaciones de prevención y al mismo tiempo realizar las actuaciones novedosas necesarias", ha añadido.
El diputado de Podemos recuerda que "hay responsabilidad en prevenir y hacer el seguimiento de todas las actuaciones de las empresas para el mantenimiento de instalaciones y para evitar posibles daños por la acción de esas cortas y presas".
Ha recordado que la Junta "tenía la obligación, según la Ley de Minas --de corte franquista y que necesitamos modificarla, con una nueva ley--, de hacerlo una vez al año".
Romero ha puesto el ejemplo del suceso de La Zarza, donde "no tenemos constancia fehaciente de que tras año 1995, cuando Egmasa efectuó con fondos europeos el sellado de socavones mineros y protección de pozos mineros, se haya realizado ni una sola actuación más para ver en qué condiciones estaban las instalaciones ni para prevenir lo que ha ocurrido posteriormente".
