SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha asegurado que sobre la devolución del canon de regulación de regadíos y la tarifa de reutilización del agua de 2010 en el Distrito Hidrográfico del Guadalquivir la administración autonómica ha tenido conocimiento de 17 sentencias dictadas por los tribunales que ahora son firmes y que han anulado un total de 24 liquidaciones tributarias.
Según ha señalado Fiscal en una respuesta a pregunta del PP en el Pleno del Parlamento andaluz, el importe de las mismas ascendía a un total de 5,52 millones de euros, una cantidad que, junto con sus intereses legales de demora, ha sido devuelta ya a cada uno de los sujetos pasivos.
En caso de producirse otros pronunciamientos judiciales firmes, el consejero ha avanzado que la Junta irá cumpliendo con lo que éstos determinen, respetando, como siempre, las sentencias que dictan los tribunales.
Durante su intervención, Fiscal ha recordado que el canon de regadíos y la tarifa de utilización de aguas de 2010 en el Distrito Hidrográfico del Guadalquivir fueron tramitados y cobrados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, debido a que en ese año las competencias de gestión de la cuenca eran de la comunidad autónoma de Andalucía.
Aunque en marzo de 2011 el Tribunal Constitucional devolvió las competencias del Guadalquivir al Estado, durante ese mismo año se tramitaron los cánones y tarifas del ejercicio 2010, un periodo en el que la competencia era de la Junta. Según Fiscal, presentados los oportunos recursos los tribunales estimaron que cuando se emitieron las liquidaciones (septiembre de 2011), la administración autonómica era incompetente, aunque el periodo cobrado fuera 2010, cuando sí ostentaba dichas competencias. "En ningún caso se cuestiona la legalidad de las liquidaciones, sino que debió hacerlas el Estado en vez de la Junta", ha precisado Fiscal.
Por su parte, el diputado popular Pedro Venzal ha señalado que, a su juicio, "carece de sentido" esperar otros pronunciamientos judiciales siendo ya firme el del Supremo, y ha reclamado a la Junta que se "restablezca la legalidad" devolviendo a los que aún litigan, "y que en lo sucesivo, a ser posible, este gobierno sea respetuoso y no pase lo mismo que con las 35 horas, con un decreto con posterioridad a la sentencia".
