El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, este jueves durante su comparecencia en el Parlamento. - ALFREDO DE ANCA/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno andaluz ha reclamado este jueves a la Administración del Estado más tiempo para cumplir con el plazo establecido en la normativa estatal para la convocatoria de las ofertas de empleo destinadas a solventar la temporalidad del personal interino. Unidas Podemos ha acusado al Ejecutivo autonómico de ser "insumisos con los 30.000 interinos en fraude de ley" y con la ejecución de las directrices de la normativa básica del Estado.
Durante una comparecencia parlamentaria en comisión del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha trasladado que "hemos pedido al Gobierno de España una ampliación de plazo, superior a junio de este año", fecha en la que la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción del empleo público temporal establece que se debe publicar en el BOJA para convocarse antes de 31 de diciembre de este año.
"Hay un problema de fechas, de plazo", ha sostenido el consejero.
Bendodo ha asegurado que el Gobierno ya ha dado pasos en el cumplimiento de las exigencias de la ley estatal, como la elaboración del Decreto-ley 263/2021 con una oferta de empleo de 388 plazas para su estabilización, a lo que ha sumado que se trabaja en "la posibilidad de elaboración de un nuevo decreto de Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal", con los marcos temporales establecidos por la normativa del Estado de diciembre de 2021.
La Ley estatal 20/2021 obliga a la convocatoria de plazas de naturaleza estructural dotadas presupuestariamente y que hayan estado ocupadas los tres años anteriores a diciembre de 2020.
Con esta exigencia de fondo, Bendodo ha dado cuenta de una negociación sindical en el marco de las diferentes mesas sectoriales para "cumplir la ley", por lo que ha indicado en este sentido que la Junta de Andalucía "está estudiando todos las plazas de administración general que pueda cumplir con los requisitos" de la ley estatal.
Bendodo ha sostenido que los parámetros establecidos por el Estado "nos ha dejado prácticamente fuera" al apelar a la existencia de otras opciones como "la convocatoria por concurso o bolsas especificas a los suspensos", antes de reafirmarse en "la voluntad de cumplir con el marco legal vigente", así como que "hemos activado todos los mecanismos existentes para reducir la temporalidad dentro de los límites legales con la normativa estatal".
UNIDAS PODEMOS: DECRETO PARA NO TENER QUE CUMPLIR NORMA ESTATAL
El parlamentario de Unidas Podemos, Ismael Sánchez, uno de los tres grupos proponentes de la comparecencia, junto con PP y Cs, ha sostenido que el Gobierno andaluz sacó su decreto 263/2021 con una oferta de empleo de estabilización "para no tener que cumplir con la ley estatal", en referencia a que la Ley 20/2021 salía del Senado cuatro días antes del decreto de la Junta para su aprobación.
Sánchez ha instado al Gobierno andaluz a "modificar el decreto 263/2021 o sacar otra OPE antes de 1 de junio para incluir todas las plazas", de la que ha subrayado que afecta a 30.000 empleaos públicos autonómicos, para preguntar a Bendodo si "va a bloquear plazas y va a hacer concurso excepcional de méritos conforme establece el Estatuto Básico del Empleado Público".
"Esto es lo que quieren saber los trabajadores que tienen un pie en el trabajo y un pie en la calle", ha afirmado.
El portavoz adjunto del PP, Pablo Venzal, ha defendido el trabajo del Gobierno andaluz para "cumplir ley desde la negociación, con multitud de reuniones", y subrayar que fue un Gobierno del PP el que inició el proceso de estabilización del personal público temporal a través de una Ley de Presupuestos en 2017 siendo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Venzal ha afirmado que la ley del Gobierno "es una chapuza" y ha insistido en que la Junta de Andalucía "está trabajando, buscando fórmulas para cumplir la ratio que plantea Europa".
La parlamentaria de Cs Concha González Insúa se ha preguntado "quién generó esos 30.000 interinos después de 37 años de gobiernos socialistas" para colegir que "parece que esos 30.000 interinos se hubieran creado en los tres años de Gobierno de coalición de PP y Cs".
González Insúa ha proclamado "una defensa a ultranza de los interinos" y ha defendido que "este Gobierno de coalición atiende a los agentes sociales con interminables reuniones con los sindicatos", antes de instar a hacer cumplir con "los principios de igualdad, mérito y capacidad, y transparencia".
PSOE RECLAMA RESPETO PARA EL PERSONAL TEMPORAL
La diputada del PSOE Mercedes Gámez ha reclamado en su intervención "respeto para el personal interino, temporal de la Junta de Andalucía" tras argumentar que "ya está bien de las dudas sobre su profesionalidad y cómo entraron en la Administración", al tiempo que ha puesto el foco en el hecho de que la mayoría de los trabajadores afectados por la temporalidad "son mujeres y tienen de más de 50 años".
Gámez ha recriminado al Gobierno andaluz que "hace menos de un año se tumbó en esta comisión una Iniciativa Legislativa Popular" para el personal interino, por lo que ha colegido que "no quisieron hacer nada y ahora van a rastras" tras concluir que "este decreto no arregla nada porque son 388 plazas, cuando se estima que son 30.000 plazas por estabilizar".
El parlamentario de Vox Benito Morillo ha puesto el acento en su intervención en el personal de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y su integración en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para considerar que es un caso de "blanqueo del enchufismo socialista" y afirmar "tras tres años de legislatura el Gobierno del cambio mantiene una senda continuista en este sentido".
Bendodo, en su cierre del debate, ha asegurado que "cada vez que debatimos sobre contratación se ponen de manifiesto dos modelos disitntos", para concluir que "el clientelismo y colocar a los amigos del partidos es el modelo de la izquierda", mientras que ha atribuido al Gobierno andaluz la apuesta por el acceso a la Administración siguiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad.