Andalucía pide parar reformas estatales del Reglamento de Costas y del marco de compatibilidad con estrategias marinas

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía solicitará en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que se celebra este miércoles 8 de julio la paralización inmediata de la tramitación del Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas, al entender que una reforma de esta trascendencia exige un amplio consenso institucional y un escenario previo de cooperación efectiva y seguridad jurídica que proyecte ante la Comisión Europea una posición territorial cohesionada y no un escenario de confrontación entre comunidades autónomas y Estado.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, la comunidad considera incomprensible abordar una modificación del reglamento sin haber realizado previamente una revisión integral de la Ley de Costas, y recuerda que cualquier actualización normativa debe ser consensuada con todas las comunidades autónomas con litoral, dado que estas reformas inciden directamente en sus competencias, en actividades económicas estratégicas, en sus modelos de gestión y en realidades territoriales muy diversas.

En este contexto, el Gobierno andaluz ha defendido que transformaciones de este alcance deben abordarse mediante un proceso previo de diálogo, cooperación y concertación entre administraciones. Además, la Junta ha subrayado la necesidad de revisar aspectos del actual modelo de gestión litoral, avanzar en la simplificación administrativa --especialmente en las autorizaciones temporales vinculadas a actividades y servicios de temporada--, reforzar los mecanismos de cooperación interadministrativa y abrir un debate sobre la financiación asociada a la gestión del dominio público marítimo-terrestre y los recursos necesarios para garantizar su adecuada conservación y protección.

Asimismo, Andalucía solicita la paralización inmediata de la tramitación del Proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 79/2019, relativo al informe de compatibilidad y a los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas, hasta que pueda abrirse un proceso efectivo de diálogo y concertación con las comunidades autónomas afectadas que permita analizar con rigor sus implicaciones jurídicas, competenciales, ambientales y socioeconómicas.

En esta línea, la Junta ha recordado que "la gran mayoría de comunidades autónomas coincidimos en que cualquier reforma de la normativa estatal de costas debe sustentarse en los principios de lealtad institucional, cogobernanza, participación efectiva de los territorios afectados y respeto a las competencias autonómicas, garantizando en todo momento la protección ambiental, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de las actividades económicas vinculadas a la costa y al mar".

Así, ha indicado que "ninguna de estas premisas se ha cumplido en la redacción y tramitación del Proyecto de Real Decreto impulsado por el Gobierno de España". Por tanto, Andalucía considera que la participación autonómica en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente debe ser real y efectiva, especialmente cuando se abordan reformas que condicionan directamente el ejercicio de competencias propias, ya que limitar estos debates a simples exposiciones informativas vacía de contenido la función cooperativa de la Conferencia y priva a los territorios de capacidad de influencia en decisiones que afectan a sus procedimientos administrativos y a su gestión del litoral.

Por otro lado, la Junta ha manifestado que es "imprescindible" que el Estado incorpore a la Comisión Europea las alegaciones de las comunidades autónomas en el procedimiento de infracción abierto por la normativa estatal sobre concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, dado que estas administraciones gestionan actualmente los títulos afectados y no han sido consultadas en dicho proceso.

Por último, el Gobierno andaluz ha advertido que no puede avanzarse en una modificación reglamentaria parcial mientras permanezcan inalteradas las disposiciones legales señaladas por la Comisión, pues ello generaría inseguridad jurídica y un marco normativo provisional. La Junta estima, por tanto, que cualquier revisión del Reglamento General de Costas debe ir precedida de una reforma integral de la Ley de Costas que garantice coherencia normativa, respeto competencial y estabilidad en la gestión del litoral.