Justicia presupuesta 933 millones y destinará una parte importante "al dolor de cabeza" de la ley "impuesta" por Sánchez

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la comisión de presupuestos del 4 de noviembre de 2025.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la comisión de presupuestos del 4 de noviembre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 4 noviembre 2025 12:30

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local contará en 2026 con un presupuesto de 933,4 millones para atender la "modernización" del servicio en línea con lo recogido en el Plan Estratégico de Justicia. Pero, aunque "en esa dirección habíamos trabajado", se "nos ha cruzado un problema cada vez con más letras mayúsculas": el "dolor de cabeza" de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que el Gobierno de España "nos ha impuesto a todos".

En la comisión de presentación del presupuestos para la Consejería, el responsable de la misma, José Antonio Nieto, se ha dolido de "tener que destinar una parte importante de los recursos de este ejercicio a financiar lo que el Gobierno de España quiere pero los demás pagamos. Eso hace que nuestro esfuerzo sea si cabe mayor que el que teníamos que realizar hasta ahora". Para personal, pues, se destinarán más de 420 millones, lo que supone 16 más que el año pasado, para la dotación de casi un centenar de nuevas plazas de funcionarios creadas para adaptar las plantillas al nuevo modelo de tribunal de instancia de la Ley.

El presupuesto para 2026 crece un 1,6% respecto al ejercicio anterior. Nieto ha subrayado el "impulso" que estos presupuestos van a suponer para la Justicia andaluza, ya que implican un 40,33% más de fondos con respecto a 2018. Un incremento que se traduce en un 80% más de inversión con fondos propios en infraestructuras judiciales que en 2025; y una apuesta por la humanización de la Justicia con el impulso a servicios como el de mediación que dobla la cuantía de 2025 y que supone un 1.450% más de lo que se invertía en este capítulo hace siete años. "Todo ello, sin olvidar la apuesta por el municipalismo y la modernización de la Administración Pública", ha manifestado.

Uno de los ejes de las cuentas de la Consejería para 2026 es el impulso al Plan de Infraestructuras Judiciales, con actuaciones en el 100% de los 85 partidos judiciales andaluces, para lo que se aumenta la partida de inversiones hasta los 53 millones, de ellos más de 38 millones son fondos propios, lo que implica un 80% más que el ejercicio anterior. Todo ello, gracias al plan de refuerzo de inversiones puesto en marcha por el Gobierno andaluz, por el que la Consejería recibe 15 millones de euros que destinará a tres proyectos: la mejora de las zonas comunes de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, la nueva sede de Vélez Rubio (Almería) y el proyecto de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Además, la Consejería tiene previsto iniciar en 2026 las obras de la nueva sede judicial de Huércal-Overa (Almería), la Ciudad de la Justicia de Algeciras, la rehabilitación del complejo de Tabacalera como parte de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, terminar la nueva sede judicial de Órgiva (Granada), comenzar los trabajos de rehabilitación de la sede judicial de Villacarrillo (Jaén); o continuar con la adaptación del complejo de Palmas Altas como Ciudad de la Justicia de Sevilla, como proyectos más destacados.

Asimismo, gracias a la aplicación de fondos europeos Pirep, se terminarán las obras de mejora en el Palacio de Justicia de Huelva, en las sedes de Montilla (Córdoba) y Fuengirola (Málaga) o el edificio judicial La Caleta, en Granada. Estos trabajos están permitiendo cambiar la climatización de estos edificios, ventanas o cubiertas exteriores. Obras a las que se sumarán actuaciones para lograr inmuebles más eficientes energéticamente en diferentes partidos judiciales, entre las que destacan la instalación de placas fotovoltaicas, por valor de más de nueve millones de euros.

Desde los grupos parlamentarios de la oposición, como es el caso de Vox, se le ha afeado al consejero el que los presupuestos para el próximo año sean "continuistas" y "poco creíbles". Le han reprochado las tasas de ejecución presupuestaria y el tiempo que tardan en cobrar los abogados del turno de oficio.

Ha recordado que mediante la financiación por colaboración público-privada se van a ejecutar las ciudades de la Justicia de Cádiz (el nuevo edificio), Jaén y Huelva. Mientras que, por la vía de la colaboración público-pública, la Consejería ya ha impulsado casi una veintena de protocolos con ayuntamientos y diputaciones. Nieto ha destacado los convenios firmados con Roquetas de Mar (Almería) para el nuevo Complejo Judicial, "del que pronto pondremos la primera piedra", y con Torrox (Málaga), cuyas obras arrancarán en 2026.

Este año se eleva la cuantía destinada al Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), un recurso gratuito al que las víctimas de cualquier delito pueden acudir para recibir acompañamiento durante todo el proceso judicial, con 2,9 millones de euros; lo mismo ocurre con los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), donde se ejecutan las visitas y entregas de menores entre progenitores en casos de conflictos familiares graves, con tres millones; a los que se suman los 240.000 euros para el proyecto de los facilitadores, una figura pensada para acompañar en el proceso judicial a las personas con discapacidad. En total, más de 6,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 178% con respecto a lo que se destinaba en este capítulo en 2018.

Asimismo, la mediación, como vía alternativa de resolución de conflictos, es otra de las grandes apuestas de las cuentas de la Consejería con más de 3,1 millones de euros, el doble que el año pasado y un 1.450% más de lo que se destinaba en 2018. De esta forma, no solo se consolida el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (Sempa), sino que se consignan los fondos para el nuevo Servicio de Mediación Civil y Mercantil (Semca).

La Consejería refuerza la Justicia Juvenil, con un presupuesto de 82,7 millones, y las cuantías destinadas a Justicia Gratuita, que desde el año pasado incluye como medida pionera la mediación, y cuyo crecimiento es ya de más de un 23% desde 2018, con casi 54 millones. "Andalucía es ya una referencia en materia de Justicia Juvenil y en mediación", ha defendido.

Por otro lado, el área de Administración Local contará con un presupuesto de 77,7 millones "prácticamente en su totalidad de fondos propios, reafirmando el compromiso del Gobierno andaluz con los ayuntamientos y diputaciones". El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) mantiene una dotación de 65,7 millones, la misma cuantía que el año pasado. El presupuesto mantiene una línea de apoyo a los municipios pequeños, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. Para ello dedica 5,2 millones a subvenciones para pequeños municipios y suma dos millones del Fondo de Cohesión Territorial.

Los socialistas han acusado a la Junta de "fracasar en la gestión de lo público" y han asegurado que al presidente Juanma Moreno "no le importa" la Consejería "porque los números así lo demuestran". Desde el PP, han defendido la "legitimidad" del Gobierno andaluz frente a un Ejecutivo central que "no es capaz de presentar" un proyecto de cuentas, y han achacado el "colapso" de la Justicia a la "falta de órganos, que compete al Gobierno" que ejerce así "un castigo a Andalucía".

El PSOE ha criticado que sobre lo negociado con los sindicatos sobre subidas salariales y carrera profesional no haya quedado "nada". "La vía andaluza ha descarrilado", han afeado a Nieto en alusión al hecho de que los sindicatos se hayan levantado de la mesa de negociación tras presentar la Junta una "contraoferta" al preacuerdo alcanzado en agosto. En este punto, Nieto ha reiterado que la postura seguirá siendo la de dialogar para que en el presupuesto se plasmen los acuerdos laborales.

Por último, la Consejería mantiene los cuatro millones para sustituciones de personal con dispensa sindical o los 700.000 euros en ayudas para personal con discapacidad o víctimas de violencia de género. En 2026 se aprobará el Decreto para regular el teletrabajo, que pasará del 20 al 40%.

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