Un juzgado abre diligencias tras la denuncia de Por Andalucía a una empresa que gestiona centros de menores extutelados

Requiere una fianza de 600 euros para que ejerza la acción popular

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Yolanda Rueda Soriano, ha acordado la apertura de diligencias previas a raíz de la denuncia de la portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, contra la Asociación por la Formación Profesional, Integral y Social de la Persona (Inserta-Andalucía) por su gestión de los centros de menores extutelados.

En un auto fechado el 24 de marzo, la jueza Rueda Soriano considera que "deben incoarse diligencias previas" a raíz de la denuncia de este grupo parlamentario, que es la confluencia de Izquierda Unida Andalucía, Podemos Andalucía y Sumar Andalucía, al considerar "la posible existencia de delitos sin especificar", así como que éstos encajarían "en el ámbito del procedimiento abreviado".

Seguidamente la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla insta a la portavoz de Por Andalucía a que presente una fianza de 600 euros en el supuesto de que "quiera ejercer la acción popular".

El artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece que "todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley".

El 101 de la Lecrim señala que "la acción penal es pública", así como que "todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley".

La jueza da traslado de su auto al Ministerio Fiscal y a las partes personadas. Contra el auto caben recursos de reforma y de apelación, mientras advierte la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que "la interposición de cualquiera de estos recursos no suspenderá la eficacia de este auto".

La denuncia la presentó Inma Nieto el 25 de enero de este año, con ese sello de entrada del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, y en su escrito apuntaba "connivencia o grave negligencia de distintos centros directivos de la Junta de Andalucía que han sido órganos de contratación".

Apuntaba aquí que "han falseado los expedientes de contratación, pervirtiendo la libre concurrencia de entidades... beneficiando la adjudicación a Inserta", así como que "durante la ejecución de los contratos han permitido que éstos no se cumplan en los términos pactados, produciendo un ilegal beneficio a la empresa con dinero público, y por tanto, produciendo un menoscabo patrimonial a la Administración".

En el caso de la adjudicataria, Inserta Andalucía, esgrimía la portavoz de Por Andalucía argumentos como que "ha aportado documentación falsa sobre las personas y las condiciones que prestaban el servicio preexistente a la licitación, impidiendo así la concurrencia igualitaria de terceros y favoreciendo la adjudicación a su favor de contratos públicos".

De igual forma sostuvo en su escrito de denuncia que "se ha enriquecido injustamente no cumpliendo los términos pactados" y que "ha falseado la documentación justificativa para enriquecerse justamente".

Con estos argumentos la denuncia de Por Andalucía planteó "sólidos indicios de que las conductas denunciadas pudieran ser constitutivas, entre otros, de los delitos de prevaricación (artículo 404 del Código Penal), tráfico de influencias (artículo 408), fraude (artículo 436), aprovechamiento de funciones (artículo 439), cohecho (artículio 428) o falsedad documental.

INMA NIETO: "LA PROPIA JUNTA HUBIERA IDO A TRIBUNALES"

La portavoz de Por Andalucía ha asegurado este miércoles en rueda de prensa, a raíz de este auto de apertura de diligencias previas, que "estamos contentas de que se abra la investigación" y ha considerado que "si la Junta de Andalucía, si el Gobierno de Moreno Bonilla no estuviese detrás de todo lo que está sucediendo, hubiera sido el propio Gobierno de la Junta quien se hubiera ido a los tribunales a defender el interés general y el dinero público que se hubiera podido perder".

Nieto ha recordado que la reacción del Gobierno andaluz a su denuncia judicial fue calificarla "de falsa, de fango", y que incurrió en "el negacionismo, como están haciendo con los contratos de sanidad troceados y los que se adjudicaron por la vía de emergencia".

La también representante de Izquierda Unida Andalucía ha remarcado que "habrá investigación en torno a una situación muy preocupante, que va en detrimento de las condiciones en las que viven estos chicos", además de subrayar "un menoscabo importante también de fondos públicos de una empresa que lo hace todo mal, maltrata a los trabajadores, y condiciona la vida de estos chicos", además de recriminarle a la Administración autonómica que ese proceder de Inserta "se lo ha permitido la Junta de Andalucía".

Nieto ha recordado que esta tarde hay una comparecencia en el Pleno del Parlamento de la consejera de Inclusión Social, Loles López, ámbito donde ha señalado que "va a tener una magnífica oportunidad de dar explicaciones y de decir si se va a depurar alguna responsabilidad política".