La ley del tercer sector social andaluz supera la toma en consideración en el Parlamento con la única abstención de Vox

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Proposición de Ley relativa al tercer sector de acción social de la comunidad autónoma, que fue registrada de forma conjunta por los grupos de PP-A, PSOE-A y Mixto-Adelante Andalucía, ha superado este miércoles el debate de toma en consideración ante el Pleno del Parlamento tras recibir los votos favorables de los grupos Popular, Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante, mientras que ha cosechado la abstención de Vox en Andalucía.

La proposición de ley cuenta con el posicionamiento favorable del Consejo de Gobierno.

Esta iniciativa legislativa pretende, "entre otros extremos, dar cobertura a determinadas necesidades, como la de reforzar la colaboración entre las administraciones públicas y el tercer sector social en el diseño de las políticas sociales para responder a los desafíos de una sociedad global".

La Proposición de Ley consta de 13 artículos, se estructura en tres capítulos y contiene, además, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

La iniciativa tiene como objeto "configurar y definir el tercer sector social de Andalucía a través de las organizaciones y redes que lo conforman, y adoptar y promover medidas orientadas a fortalecer dichas organizaciones y redes a fin de impulsar la cooperación y colaboración de las organizaciones entre sí, con el sector público y el tejido empresarial, para promover su participación y contribución en el ámbito de la intervención social en general y, específicamente, en las políticas y sistemas de responsabilidad pública relacionados con dicho ámbito".

Sitúa como "parte del tercer sector social de Andalucía" a "las organizaciones de iniciativa social, con sede y actividad en Andalucía, cuya finalidad principal es promover, a través de actividades de intervención social, la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos de personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desigualdad, desprotección, discapacidad o dependencia, o cualquier otra actividad contenida en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Andalucía".

La iniciativa detalla las características que deben reunir una entidad para ser considerada como parte del "tercer sector social", entre las que figuran la de que esté conformada, "total o parcialmente, por personas voluntarias o asociadas", así como que no tengan como finalidad la "obtención de beneficios económicos", y que los que "eventualmente obtenga" los revierta "en la actividad que le sirve de objeto", y no los distribuya "entre sus socios".

Define también los "principios de actuación" a los que deben someterse las organizaciones del tercer sector social de Andalucía, entre los que figuran los de "solidaridad y justicia" y "responsabilidad pública y corresponsabilidad en la inclusión social", así como reconoce a estas entidades el "derecho a participar en las políticas públicas que les conciernen en todas sus fases, incluida la fase de ejecución, (...) sin menoscabar las facultades de decisión que correspondan a los órganos de gobierno de cada institución".

La iniciativa también plantea en su articulado que "el Gobierno andaluz, a través de la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía u organismo que la sustituya, mantendrá un diálogo permanente, operativo y bidireccional con las redes del tercer sector social de Andalucía respecto a la acción de gobierno, así como respecto a la acción de las organizaciones y redes, en el ámbito de la intervención social, que se traduzca en iniciativas concretas a impulsar por cualquiera de las partes o en colaboración, realizando un seguimiento y evaluación de las mismas".

Según se detalla en la Proposición de Ley, dicha comisión "se reunirá, en sesión ordinaria, tres veces al año, con periodicidad cuatrimestral, y, en sesión extraordinaria, cuando así lo decida la presidencia, a iniciativa propia o a instancia de, al menos, la mitad de las vocalías".

MEDIDAS DE PROMOCIÓN Y OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR SOCIAL

Además, con esta ley se emplaza a las "administraciones públicas de la región, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normativa básica que sea de aplicación", a adoptar una serie de "medidas de promoción del tercer sector social", como las de "introducir en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas, aquellos contenidos y referencias al tercer sector social precisos para su justa valoración como vía de participación de la ciudadanía y de los grupos en los que se integra la sociedad civil", y "reconocer" a estas organizaciones "la condición de entidades colaboradoras de la Administración autonómica con arreglo a lo que se establezca reglamentariamente".

Contempla también la creación del 'Observatorio Andaluz del Tercer Sector Social', "dependiente de la Consejería competente en materia de servicios sociales", y concebido como "un instrumento técnico de la Junta de Andalucía encargado de la recopilación, sistematización, actualización y generación de información y conocimiento, así como de su difusión, en las esferas relacionadas con el tercer sector social y con las organizaciones y redes integradas en él".

Compromete al Gobierno andaluz a elaborar y aprobar, "en el plazo de un año contado desde la fecha de entrada en vigor" de la norma, la "estrategia de promoción del tercer sector social de Andalucía" que se prevé en la propia iniciativa pactada por el PP-A, el PSOE-A y Adelante Andalucía.