Maeztu cierra queja sobre conservadores del patrimonio tras alegar la Junta "limitación presupuestaria" para OPE

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha cerrado una queja de oficio para investigar "la posible insuficiencia" de recursos humanos y el desarrollo de funciones en el ámbito del personal especialista en conservación del patrimonio tras indicar la Junta de Andalucía que "existen limitaciones presupuestarias" para una oferta de empleo de esta categoría profesional.

En el texto de la resolución, consultado por Europa Press, la Defensoría indica que del estudio de los informes recibidos de la Secretaría General para la Administración Pública y de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y de las disposiciones vigentes que resultan de aplicación, "no observamos que exista en la actuación de la Administración un comportamiento contrario a la normativa aplicable".

En este sentido, señala que como se indica en los citados informes, el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, otorga a la oferta de empleo público la consideración de "instrumento de planificación de los recursos humanos de las administraciones públicas", con arreglo al cual estas "deberán determinar sus necesidades de personal y correspondiente provisión de puestos de trabajo a través de los procedimientos de promoción interna, reasignación de efectivos y ofertas públicas de empleo".

"Todo ello, en el marco de las pautas y límites presupuestarios establecidos en las leyes presupuestarias y en otras normas básicas de obligada observancia en la materia", añade la Defensoría.

Por todo ello, el Defensor "no considera contraria a las normas de obligado cumplimiento en este ámbito" el proceder de la Administración Autonómica que pone de manifiesto que "no obstante, aunque el deseo de la Junta de Andalucía es el de articular una oferta de empleo público que incluya un número mayor de plazas y dé cobertura a un mayor número de colectivos profesionales, las limitaciones presupuestarias marcadas con carácter básico por la Administración Central, a través de la tasa de reposición, impiden aprobar una oferta más amplia y obligan a priorizar entre los distintos sectores de la actividad administrativa".

Igualmente, la institución añade, respecto a la cobertura de vacantes por personal interino, que "apreciamos que se ajusta a la normativa de aplicación en esta materia, por lo que igualmente no observamos infracción legal en la actuación de la Administración", por la que "da por concluida" su actuación en este expediente de queja y procede a su correspondiente archivo.

Hay que recordar que en el expediente de queja abierto de oficio por la Defensoría, esta exponía que había tenido conocimiento del comunicado de los integrantes de la Bolsa de Interinos del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Patrimonio, así como de noticias aparecidas en medios de comunicación, donde "se ponía de manifiesto el desequilibrio existente entre la elevada carga de trabajo de la Consejería de Cultura y los escasos recurso humanos de especialistas en esta materia".

Así, recordaba que los profesionales de este sector denunciaron en su comunicado el "próximo colapso de la administración cultural derivado tanto de las escasas convocatorias de plazas de funcionarios del sector como del progresivo envejecimiento de la administración", una situación que "no solo es preocupante sino que resulta tremendamente injusta ante la existencia de sucesivas Bolsas de interinos (la última, aprobada el 22 de febrero de 2019) a las que nunca se recurre".

Además, apuntaba que el sector consideraba que esta situación "era contradictoria" teniendo en cuenta "la creciente importancia a nivel mundial de la protección del ahora llamado patrimonio cultural", de "cuya importancia y necesidad de adecuada salvaguarda --puesto que se trata de un recurso frágil, finito e irremplazable-- se han hecho eco la Unesco, la Unión Europea y las legislaciones nacionales y, en España, también las autonómicas".

Asimismo, la Defensoría indicaba también que en el estudio elaborado por el sindicato CSIF sobre esta problemática se ponía de manifiesto que "en las últimas décadas las convocatorias de empleo público de la Junta de Andalucía dentro del ámbito de la conservación del patrimonio histórico han sido escasas y espaciadas en el tiempo", y añadía que actualmente, "hay 58 conservadores de patrimonio histórico en la Junta, de los cuales 53 están en la Consejería y 5 en puestos de Administración General u Organización Sindical, fundamentalmente por falta de plazas para poder promocionar dentro de la estructura de la propia Consejería".

Por tanto, en su queja, el Defensor reflejaba que los afectados consideraban que "la grave carencia de recursos humanos" en este sector, unida a la creciente importancia de la actividad de conservación del patrimonio y las exigencias que impone la legislación española y andaluza en esta materia afectaban no sólo a sus intereses profesionales, "sino que también repercutían de forma importante en la protección del patrimonio andaluz, en la actividad de otras consejerías, de la administración local o de la estatal", y en consecuencia inició la actuación de oficio que ahora da por cerrada.