SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, anunció hoy que uno de los detenidos en la segunda fase de la Operación Malaya es una persona de Sevilla vinculada al sector de la construcción.
Así lo adelantó en Sevilla López Garzón a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa convocada para informar de la próxima construcción de un cuartel de la Guardia Civil en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). El delegado no quiso sin embargo entrar en más detalles porque compete, dijo, a las autoridades judiciales tomar las medidas oportunas con los detenidos dentro de la operación.
En cualquier caso, dijo que aparte de las detenciones practicadas en Córdoba, Málaga y Sevilla podría sumarse al caso una cuarta provincia andaluza en la que, en las próximas horas, podría efectuarse una nueva detención. En esta nueva fase de la operación, agentes de la Dirección General de la Policía han detenido en el día de hoy --y hasta esta hora-- a un total de 25 personas en varios puntos de España, entre los que figuran nueve ex concejales del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), siendo el resto constructores o promotores.
Las actuaciones se realizan bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y del Fiscal Anticorrupción de Málaga. Las detenciones han sido practicadas por agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de Marbella.
Entre los detenidos en Andalucía está el industrial cordobés Rafael Gómez, a quien se le vinculó en informaciones periodísticas con el ex asesor de Urbanismo de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca. Ha sido detenido en Córdoba por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía llegados desde fuera de la provincia con mandato judicial al respecto, en el marco de la Operación Malaya.
Según dijeron hoy a Europa Press fuentes de la investigación, esta nueva acción inscrita en dicha operación contra la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, que puede implicar nuevas detenciones en las próximas horas, no ha contado con la implicación de la Policía Nacional de Córdoba, ciudad desde la que ya ha sido trasladado, para ser puesto a disposición del juez que lleva el caso, este constructor y joyero cordobés y hasta hace poco también principal accionista de la sociedad deportiva que controla el Córdoba C.F., equipo de Segunda División B de Fútbol.
Se ha decretado el secreto de sumario en relación con el arresto de Gómez, quien, en rueda de prensa, la única relación que en su día admitió que le unía a Juan Antonio Roca es que jugó a las cartas con él y otros cazadores, en el contexto de una montería, situación que consideró normal, negando, por otro lado, cualquier otra relación con el principal imputado de la Operación Malaya. De hecho, Gómez aseguró que él no ha puesto "ni un sólo ladrillo todavía" en Marbella.
SUPUESTAS IRREGULARIDADES URBANISTICAS
Donde sí que puso ladrillos, hasta levantar naves industriales sobre 40.000 metros cuadrados en suelo no urbanizable y de especial protección y sin contar para ello con licencia, fue junto a la antigua factoría lechera de Colecor, en la capital cordobesa, justo donde ahora tiene la sede principal su empresa Arenal 2000, y donde se concentraron recientemente 4.000 de los más de 20.000 que trabajan directa o indirectamente para su grupo de empresas en varias provincias andaluzas, para mostrarle su respaldo y pedir que no se le dé mala imagen vinculándolo con irregularidades urbanísticas.
Tales supuestas irregularidades, criticadas por el PSOE, fueron las que llevaron a que se creara una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Córdoba, a cuenta de las ya mencionadas naves de Colecor, pues los socialistas entienden que desde el gobierno municipal de IU se le dio trato de favor a Gómez, al permitirle construir sin licencia y en suelo no habilitado para ello, aunque luego se aprobó en Pleno, con los votos a favor de IU y PP y en contra del PSOE, un Plan Especial que regulariza dichas naves. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dicho acuerdo plenario.
También figura el ex jefe de la Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo, que ha sido detenido hoy dentro de una nueva fase de la denominada operación 'Malaya' sobre la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí, según confirmaron fuentes policiales. Este ya está imputado de los delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias y tenencia ilícita de armas.
Según explicaron otras fuentes del caso, Del Pozo se encuentra en la Comisaría marbellí, desconociendo en calidad de qué. Lo que sí precisaron a Europa Press es que tendrá que declarar de nuevo ante el juez de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Angel Torres, que investiga el caso; aunque aseguraron desconocer aún si se trata de una declaración ampliatoria de la que ya prestó en la primera fase de la operación.
Por otro lado, también habría sido detenido hoy de nuevo el que fuera hasta hace poco secretario del Ayuntamiento, Leopoldo Barrantes, que tras el primer arresto, quedó en libertad sin fianza pero con los cargos de prevaricación y tráfico de influencias.
OPERACION MALAYA
En cualquier caso, estas detenciones vienen a sumarse a las cerca de 30 que ya se efectuaron en la primera fase de la Operación Malaya. Así, 28 personas fueron detenidas inicialmente en el marco de la operación desarrollada bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella y de la Fiscalía Anticorrupción. La investigación comenzó en noviembre de 2005 y desde entonces estuvo orientada a descubrir un complejo entramado societario que encubre numerosas actividades delictivas.
Actualmente están en la cárcel, la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; el asesor municipal de Urbanismo y presunto 'cerebro' de la trama, Juan Antonio Roca; el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez; los empresarios Ismael Pérez Peña y Oscar Benavente Pérez; la presunta testaferro Montserrat Corulla, y cuatro abogados del despacho Sánchez Zubizarreta & Soriano, en Madrid. Para todos estos se ha desestimado por el momento la petición de libertad.
Por su parte, para el empresario Rafael LL. se decretó prisión pero quedó en libertad hace unas semanas tras pagar fianza. Asimismo, el edil de Cultura del Ayuntamiento marbellí, José Jaén, quedó desde el principio en libertad tras abonar la fianza de 30.000 euros que le impuso el juez; al igual que los empresarios José Luis Alonso Boyer y Julio de Marco, que pagaron las fianzas fijadas de 20.000 y 12.000 euros, respectivamente.
Además, se fijó el pago de 90.000 euros para que el letrado Francisco S.Z. saliera en libertad, de 30.000 euros para el también abogado Miguel P.C. y de 20.000 para el jefe de la Policía Local marbellí, Rafael del Pozo.
Asimismo, el juez decretó libertad sin fianza pero con cargos de cohecho y tráfico de influencias contra el empresario Juan Miguel Saavedra y también decidió poner en libertad, aunque con cargos, al secretario municipal del Consistorio marbellí, Leopoldo Barrantes.
De igual modo, el juez Torres puso en libertad, aunque con cargos de blanqueo, a los presuntos testaferros Jaime Hachuel, José Luis Benavente Pérez, Salvador Gardoqui, María Ursula Q.L., Ernesto Ramón Celdrán, a J.B.B.G., presunto testaferro de Roca; y a dos directivos de Portillo.
