El Parlamento reclama que el Gobierno dé a Andalucía la misma financiación para Dependencia que a País Vasco

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del PP-A en la que se pide que el Gobierno central garantice para Andalucía la misma financiación para el sistema de Dependencia que al País Vasco.

La iniciativa ha sido rechazada en su totalidad por PSOE-A y Por Andalucía, mientras que Vox y grupo mixto-Adelante Andalucía han apoyado algunos puntos.

La Cámara ha expresado su rechazo "al acuerdo exclusivo y unilateral del Gobierno de España" con el Ejecutivo vasco por el que se compromete a "financiar anualmente el 50 por ciento del gasto total que la administración vasca certifique al Imserso por la gestión" del sistema de Dependencia, ya que ello supone un "inaceptable agravio discriminatorio y una vulneración flagrante de los principios constitucionales de igualdad y de justicia social, que atenta contra la dignidad y bienestar de las personas dependientes y supone una amenaza para la sostenibilidad y la cohesión territorial del sistema público".

Así, se ha instado a la Junta a reclamar al Gobierno central que asegure una financiación del sistema de Dependencia en Andalucía en las "mismas condiciones que se hagan efectivas para el País Vasco, con el objetivo de garantizar la igualdad de trato en el ejercicio del derecho subjetivo de los andaluces a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia".

El Parlamento ha rechazado la actitud del Gobierno central de anteponer "sus intereses partidistas al interés general para cumplir con las exigencias de acuerdos con fuerzas políticas que lo sostienen", lo que está provocando "un desplazamiento de la multilateralidad en favor de un trato bilateral preferente con determinadas comunidades".

La Cámara andaluz ha pedido que el Ejecutivo nacional aborde "el déficit de financiación" del sistema de Dependencia y asegure su "suficiencia y sostenibilidad a través de un reparto equitativo" entre el estado y las comunidades autónomas, "sin privilegios territoriales".

Así, se ha demandado que el Gobierno central aporte, como mínimo, "la misma cantidad de fondos que aportan las comunidades para contribuir al sostenimiento del coste total del sistema, mediante la creación de un crédito extraordinario, dado que por segundo año consecutivo no habrá Presupuestos Generales del Estado".

Otra demanda consiste en que el Gobierno central renuncie a la "imposición unilateral de nuevas medidas o regulaciones que supongan incremento de costes en la prestación de servicios públicos en materia de dependencia y de carácter social, siempre que no vengan aparejadas de las transferencias de recursos económicos estatales suficientes".

En defensa de la iniciativa, la diputada del PP-A María Isabel Lozano ha manifestado que el "déficit estructural de financiación" del sistema de la Dependencia en Andalucía por parte del Gobierno de España "es un hecho objetivo", ya que, en 2024, último año cerrado, el gasto total certificado en Dependencia en la comunidad "alcanzó los 2.117 millones de euros, de los cuales la Junta aportó 1.378 millones de euros (el 65 por ciento)", mientras que el Ejecutivo nacional "se hizo cargo únicamente de 739 millones, el 35%".

Ha añadido que, entre 2019 y 2024, las aportaciones de la Junta para el sostenimiento del sistema alcanzan "los 8.383 millones de euros, frente a una contribución del Gobierno central que suma tan solo 3.705 millones, es decir, 4.678 millones de euros menos aportados por el estado que la administración autonómica".

Ha indicado que la situación "de infrafinanciación histórica se ha visto agravada durante 2024 y 2025, debido a la anomalía democrática que supone la inexistencia de PGE, acumulando prórrogas consecutivas, un hecho que ha supuesto la congelación de la partida destinada a dependencia y la eliminación de los fondos del plan de choque destinado a fortalecer el sistema", lo que supone la pérdida de 400 millones en Andalucía.

Frente a ellos, según Lozano, el Gobierno andaluz "sigue aumentando año a año la aportación de recursos propios, que alcanza ya para 2025 una cifra récord de 1.563 millones de euros, 368 millones más que en 2024".