SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este viernes una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Popular de Andalucía con la reclama que el Gobierno central acometa rebajas en el IVA a carne y pescado y de impuestos al sector agrario.
La propuesta ha contado con los votos favorables de PP y Vox, mientras ha cosechado también la abstención del Grupo Socialista y los votos negativos de Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
En la iniciativa se pide que el Gobierno apruebe la rebaja fiscal que le ha solicitado la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sobre reducción de los índices de rendimiento neto (módulos) en el régimen de estimación objetiva del IRPF, aplicables a aquellas actividades agrarias andaluzas que, durante el ejercicio 2023, sufrieron fuertes descensos en los rendimientos por causas excepcionales.
Implicará una rebaja fiscal general del IRPF del 50% para todos los sectores agrarios de Andalucía, del 75% a la ganadería, del 100% a la apicultura, e incluye reducciones adicionales para sectores especialmente afectados.
Se demanda al Ejecutivo nacional una rebaja del IVA a la carne y el pescado; que busque una solución al IVA en la modernización de regadíos del Next Generation; que suspenda el impuesto al plástico que afecta al sector agroalimentario, y en general, se comprometa a no crear nuevos impuestos ni aplicar cargas adicionales a ninguno de los agentes de la cadena alimentaria.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP-A indica que el sector agrario andaluz está movilizado ante diversas situaciones y circunstancias que están afectando gravemente a la rentabilidad de las explotaciones agrarias y a su propia subsistencia: la competencia desleal de productores de terceros países a los que no se les exige los mismos requisitos que deben cumplir los europeos; el incremento desorbitado de los costes de producción y el descenso en el consumo de productos como la carne por su incremento de precios, o la sequía.
Para el PP-A, la búsqueda de soluciones a estas situaciones requiere de múltiples actuaciones a adoptar por las instituciones y administraciones competentes, y una de ellas debe ser la adopción de medidas fiscales por parte del Gobierno de España en el ámbito de sus competencias.
