SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con el apoyo unánime de los cinco grupos con representación, una proposición no de ley (PNL) defendida por Ciudadanos (Cs) en la que pide a la Junta que elabore, en un plazo no superior a seis meses, un registro de los centros hospitalarios y de salud donde no se cuente con un sistema adaptado de información y comunicación y de acceso al servicio sanitario para personas con cualquier tipo de discapacidad y, en particular, las afectadas por las barreras de comunicación, como son las personas con discapacidad sensorial --visual, auditiva o ambas--, y las personas con discapacidad intelectual, entre otras.
Además, en virtud de esta iniciativa, el Parlamento reclama también que se elabore un informe en el que se recoja las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que han de reunir los centros sanitarios en materia de información y comunicación, y, en particular la relación de ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, así como los servicios de interpretación y de videointerpretación en LSE para personas sordas en los centros sanitarios; así como las condiciones básicas de los servicios realizados a través de uso de dispositivos tecnológicos, como son las plataformas de información y servicios sanitarios.
En el citado informe también debe incluirse el calendario de la implementación de las condiciones en materia de información y comunicación accesibles, con la incorporación inicial y escalada de los recursos y medidas en la red del sistema sanitario andaluz.
Junto a ello, el Parlamento reclama que, tras la elaboración de dicho registro, elabore en un plazo no superior a diez meses, todas las actuaciones necesarias para implantar en todas las salas de espera de los centros hospitalarios y de salud de Andalucía un sistema adaptado que permita la información, comunicación y el acceso al servicio sanitario a todas las personas con algún tipo de discapacidad, en especial auditiva o visual.
Asimismo, pide que se garanticen con cuantos protocolos y medidas de apoyo sean necesarios la atención sanitaria a las personas con cualquier tipo de discapacidad.
En defensa de la iniciativa, Marta Bosquet ha apelado a que el anhelo de la "plena inclusión sea una realidad real y no de papel para ese más del nueve por ciento de la población andaluza que cuenta con alguna discapacidad".
"Es cierto que se ha andado mucho y cruzado muchas barreras hacia la total inclusión, pero queda camino por recorrer", ha lamentado la dirigente de la formación naranja, quien ha desglosado la extensa normativa existente sobre esta cuestión, poniendo especial énfasis en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de 2013, que establece la obligación de las administraciones públicas de adoptar las medidas necesarias para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y prestaciones relacionadas con su salud en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos.
"Debería darnos vergüenza que el pasado 4 de diciembre venciera el holgado plazo, desde que fue dictada, para que se hubieran tomado todas las medidas necesarias para adaptar y asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad a cualquier entorno, servicio, producto, información, comunicación, y, sin embargo ningún gobierno local, autonómico o nacional lo haya cumplido", ha lamentado Bosquet, quien se ha preguntado por qué no se sanciona a los poderes públicos cuando incumplen las normas, al igual que sucede con cualquier particular.
VALORACIONES DE LOS GRUPOS
Para posicionar al PSOE-A, Francisco José Vargas ha considerado que la iniciativa "ayuda mucho a ver la situación" y que el objetivo del Gobierno andaluz "ha sido siempre conseguir la igualdad de oportunidades y darles dignidad a estas personas", de manera que los socialistas "hemos mostrado siempre una sensibilidad especial con este colectivo". Si bien comparte que hay que hacer un diagnóstico de la situación de los centros sanitarios, ha afirmado que el abordaje de la discapacidad en Andalucía ha evolucionado gracias al trabajo de la Junta.
Por contra, el socialista ha criticado que el Gobierno central "no cumple" con la ley estatal que afecta a este colectivo, ni aprueba el plan de accesibilidad que contempla la misma norma de cara a los próximos años.
Por el PP-A, la parlamentaria Ana Mestre ha opinado que la PNL de Cs "parte de una realidad diferente a la que todos vivimos", y ha reprochado al partido naranja que, hace unos meses, votara en contra de las enmiendas --más de 100-- que el Grupo Popular presentó a la Ley de los Derechos y la Atención a las personas con discapacidad en Andalucía que presentó el Gobierno de la Junta.
Aunque ha anunciado el voto a favor del PP-A a esta PNL, ha afeado a Ciudadanos falta de "sensatez, coherencia y responsabilidad", porque la PNL alude a una "realidad" por la que los 'populares' presentaban sus más de 100 enmiendas a la referida Ley de derechos para personas con discapacidad rechazadas por el partido naranja, que "sólo atiende a merced del PSOE-A y del Gobierno andaluz", al que "apoyan incondicionalmente", según ha criticado Mestre.
Por Podemos, Juan Antonio Gil ha urgido a todos los parlamentarios a "comprometerse verdad" para mejorar las condiciones de vida de sus representados, toda vez que ha criticado que Cs presente esta iniciativa cuando rechazó una enmienda a las cuentas andaluzas para el próximo ejercicio que precisamente iba encaminada a dotar de más recursos a la Consejería de Salud a fin de atender a este colectivo. "Son sus derechos, es nuestra responsabilidad", ha apostillado.
Por último, por IULV-CA, la diputada Inmaculada Nieto ha coincidido en que existen "problemas" de accesibilidad en "la práctica totalidad de edificios públicos", si bien ha considerado "poco razonable" que Cs presente esta PNL cuando junto al PSOE-A "ha laminado el 100 por cien" de las numerosas enmiendas parciales presentadas por PP-A, Podemos e IULV-CA al Presupuesto de la Junta para 2018, dejando así fuera algunas que "incidían en las condiciones de accesibilidad de los edificios públicos y, en concreto, de los equipamientos sanitarios" de la comunidad autónoma.
