SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de auxilio judicial pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ha señalado este martes "el descontrol" existente en la ejecución de los fondos del programa presupuestario 31L con los que se pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, apuntando que el director general de Trabajo de la Consejería de Empleo asumía obligaciones para la Junta comprometiendo subvenciones "sin dejar rastro" en el control público.
Así se ha manifestado Turrión este martes en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE entre los años 2001 y 2010, en pleno debate sobre la existencia de déficit o desfase presupuestario en las cuentas del instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ente pagador de las ayudas, por la concesión de estas ayudas.
Turrión ha señalado que el desfase presupuestario por la concesión de subvenciones por encima del crédito presupuestado para ello "no se ve reflejado en ningún sitio", pues las subvenciones se concedían "por fuera del presupuesto", donde sólo aparecen las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo a IFA/IDEA para el pago de las ayudas, por ello no puede aparecer el desfase presupuestario en la liquidación del presupuestos de la Consejería de Empleo en la Cuenta General de la Junta.
En este sentido, el perito Juan Zornoza, propuesto por la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, ha asegurado que "no hay déficit en el programa presupuestario 31L, pues las obligaciones asumidas están siempre dentro de los límites del crédito presupuestario".
Sin embargo, Turrión ha insistido en que las obligaciones contraídas por el director general de Trabajo, sin especificar periodo ni nombre, eran "por encima del crédito" y las asumía de diversas formas. "A veces por una simple carta, asumiendo el compromiso de conceder una subvención por un importe determinado a una empresa", ha apuntado, precisando que cuando una autoridad pública, como el director general de Trabajo, asume por escrito un compromiso "aunque sea de forma irregular porque no es el procedimiento establecido, se genera una obligación ante un tercero por parte de la Junta".
Otra vía para asumir nuevos compromisos es por los convenios específicos que son "simples encomiendas de pago", que supone "la concesión de una subvención haya o no crédito".
COMO EL MILAGRO DE LOS PANES Y LOS PECES
Una tercera vía, "la más rocambolesca", es los pagos cruzados. "El director general de Trabajo se comprometía a dar una subvención determinada a una empresa y tras transferir los fondos a una determinada compañía aseguradora, oficiaba a través de una carta por fuera de todo circuito administrativo y le decía a la compañía que parte del dinero recibido se aplicase a la póliza de otra empresa. Es decir, la primera subvención no se ha pagado en su totalidad y nace una nueva obligación, es como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces", ha explicado.
Este "absolutamente irregular sistema, que no cumple ningún requisito de la administración para contraer obligaciones, tenía una peculiaridad, pues el director general de Trabajo actuaba por fuera de su propio método, no quedando registrada en ninguna contabilidad, ni de la Consejería ni de IFA, la orden a la aseguradora".
"Es el colmo, no hay rastro de obligación pública, lo sabemos por el análisis de los 270 expedientes de las ayudas, donde aparecen órdenes a aseguradoras de pagos cruzados", ha afirmado Turrión. "Además, rizamos el rizo, los funcionarios tenían que preguntar a las aseguradoras cuánto les debían", ha subrayado.
"Nadie en el ámbito público podía conocer cuántas obligaciones había asumido la Dirección General de Trabajo por el irregular método utilizado para los pagos cruzados. Hasta este punto llegaba el descontrol en la ejecución de los créditos", ha concluido al respecto Turrión.
Para Juan Antonio Carrillo, perito propuesto por la defensa de la exviceconsejera y consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, "IFA no conoció el reconocimiento de obligaciones por parte de la Dirección General de Trabajo y nunca pagó por encima del crédito".
Si bien, Turrión ha expuesto dos casos en los que IFA adelantó el dinero, en el caso de las ayudas a Jerez Industrial en el año 2000 y a Santana Motor en el año 2001; y ha añadido que IFA "sabía perfectamente las obligaciones porque firmaba los convenios específicos, lo que no conocía eran los pagos cruzados".
Mientras los peritos de parte han defendido que no se produjo desfase presupuestario en las cuentas de IFA/IDEA y han apuntado que las eventuales responsabilidades por la asunción de compromisos por encima del crédito presupuestario "habrá que llevarlas a la gestión de Empleo y a los responsables del control en la Intervención"; Turrión ha recurrido a las memorias de las cuentas anuales de IFA/IDEA para decir que el propio ente "reconoce" esos déficits por compromisos de subvenciones por encima del crédito, como igualmente lo hace la Consejería de Empleo en las memorias de los anteproyectos de presupuestos de su departamento, al menos en los años 200, 2007 y 2008.
"Las memorias dicen que se habían contraído obligaciones por encima de los créditos, pero nunca dijo algo tan simple como que la Consejería concedía las ayudas e IFA/IDEA pagaba. Ni las memorias ni ningún documento", ha insistido Turrión, criticando que los peritos propuestos por la defensa de Lozano y Griñán "quieran arrimar el ascua a su sardina".
En otro orden de cosas, el debate ha vuelto, como ya hiciera este pasado lunes, a centrarse en las competencias de Griñán como consejero para haber iniciado las diligencias previas ante posibles responsabilidades contables con el nombramiento del instructor que investigará los compromisos asumidos por encima del crédito presupuestado.
Además, José María Mohedano, abogado de Lozano y Griñán, ha centrado parte de su interrogatorio de este martes en determinar si los peritos de la IGAE actúan como peritos de auxilio judicial o si como peritos de la IGAE, propiamente dicho.
EL INTERVENTOR GENERAL "DEBIÓ EMITIR INFORME DE ACTUACIÓN"
Por último, el abogado defensor ha preguntado a Turrión si sabe que "la mayor parte de los interventores de la Junta que han declarado en la vista oral o en fase de instrucción, en consonancia con el ex interventor general Manuel Gómez Martínez, acusado en esta causa, no apreciaron nunca la existencia de menoscabo o riesgo de menoscabo".
Turrión, al respecto y tras protesta del Ministerio Fiscal por la pregunta, ha advertido de que "sólo conoce lo que ha leído en prensa", pero ha afirmado que "estimar si hubo o no hubo es un juicio de valor y no opino nada al respecto".
"Pero si la pregunta es si estoy de acuerdo o no, como ya he dicho el interventor general debió emitir informe de actuación. No opino sobre juicios de valor, pero sí dicen que no apreciaron riesgos será verdad", ha insistido, para volver a subrayar que "existen una serie de irregularidades, hasta 21 detectadas por el interventor delegado de Empleo en el informe adicional de IFA/IDEA de 2003. No caben más irregularidades adicionales, por lo que alguien podría pensar que sí existe riesgo de menoscabo".
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