PP-A acusa a la Junta de "intentar desviar" su competencia en materia de vivienda a los ayuntamientos

Actualizado: sábado, 8 agosto 2009 13:49

CÓRDOBA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Córdoba, José Antonio Nieto, mantuvo hoy un encuentro con los alcaldes del PP en la provincia de para analizar las repercusiones del proyecto de ley del Derecho a la Vivienda aprobado en mayo por el Gobierno andaluz, una norma con la que, a su juicio, "la Junta pretende eludir responsabilidades en materia de vivienda y echar la patata caliente a los ayuntamientos".

En una nota del grupo político, Nieto señaló que "este proyecto de ley tiene muchas sombras ya que el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía intenta traspasar la responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda de los andaluces a los ayuntamientos, haciéndolos responsables incluso jurídicamente a las demandas ciudadanas pero sin el desarrollo legal ni la financiación necesaria para dar cumplimiento a esa obligación".

Nieto explicó que desde el PP temen que esta ley supone "obligar a los ayuntamientos a garantizar vivienda gratis a los ciudadanos con ingresos inferiores a los 6.000 euros, que tendrán que inscribirse en un censo municipal de demandantes de viviendas, un registro que debe ser autonómico y realizarlo la Junta de Andalucía".

En esta línea, el presidente del PP de Córdoba afirmó que "la Junta amenaza a los ayuntamientos que no crean este censo con la pérdida de ayudas de la Consejería y el Ministerio de la Vivienda.

Por su parte, los alcaldes del PP defienden en todo momento el derecho a la vivienda y se brindan a "colaborar de manera leal con la Junta de Andalucía o cualquier otra administración pública", si bien reclamaron "respeto y autonomía, que es precisamente de lo que carece la nueva norma", añadió.

En esta reunión, el PP expresó su oposición a crear dicho censo municipal en tanto "no se garantice el soporte legal por el que se atiende dicho derecho, la transferencia de fondos por parte de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos y la protección jurídica de los alcaldes ante posibles reclamaciones ciudadanas en un derecho cuya atención es exclusivamente competencia de la Junta, tal y como se recoge en el vigente Estatuto de Autonomía".

Por último, los dirigentes populares también abordaron otros temas, como la situación económica de los ayuntamientos, la evolución del paro en la provincia de Córdoba y las repercusiones de la crisis económica y se opusieron a la subida de impuestos con el fin de "evitar dañar la economía de las familias cordobesas".