PP-A pide a PSOE-A y Adelante que respalden una proposición de ley de modificación de la Ley de Puertos

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha anunciado este miércoles que, conjuntamente con Ciudadanos, ha registrado en el Parlamento una proposición de Ley para modificar la Ley
de Puertos en Andalucía, con el fin de "mejorar las condiciones de competitividad de los puertos andaluces para que sean un pilar fundamental en la oferta turística andaluza, consoliden el empleo, mejoren la capacidad de arrastre para desarrollar los entornos en los que se ubican estos puertos e impulsen la actividad
económica".

En rueda de prensa, el portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto, ha manifestado que es una ley que ya se intentó impulsar en otras legislatura y ha tendido la mano al PSOE y Adelante Andalucía para que hagan propuestas "y este proyecto sea de todos, poniendo por encima el interés de nuestra tierra".

Tras apuntar que ya se han mantenido conversaciones con Vox, ha indicado que el texto registrado tiene "vocación de consenso" e "integrado" y sería muy positivo que contara con la unanimidad de la Cámara. "Competimos con otras comunidades que ya han reformado sus leyes, todas en la misma dirección. Si Andalucía no hace reformas, nuestra capacidad para competir será menor", ha dicho Nieto.

Esta proposición de ley busca establecer un marco que otorgue seguridad jurídica a todas las partes implicadas, que incluye entre otros a concesionarios, cesionarios de elementos concesionales, relaciones comerciales y laborales. Asimismo, debe insistirse en la trascendencia social y económica de la regulación normativa, al existir intereses y derechos afectados de gran importancia cualitativa y cuantitativa que requieren que se clarifique el régimen de plazos y de posibilidades de prórrogas de los mismos de aplicación a dichos títulos. Todo ello respetando el vigente marco regulador del dominio público marítimo terrestre estatal sobre el que se asientan nuestros puertos, según se recoge en su exposición de motivos.

Por otra parte, se pretende aprovechar la presente reforma para modificar el plazo en las concesiones demaniales, elemento esencial para la gestión del sistema portuario andaluz. Ello, dado que las nuevas necesidades de inversión o la competitividad de las ya otorgadas, requieren periodos de amortización más largos, que sobrepasan los plazos concesionales de 30 años máximos que la legislación vigente autoriza.

Además, según se indica en la proposición de ley, se ha producido una homogeneización de los máximos plazos concesionales portuarios en las autoridades portuarias estatales de toda España con los existentes en los puertos europeos con el objeto de que el sector portuario nacional esté en igualdad de condiciones competitivas en el escenario internacional y no sea una debilidad para la captación de inversión privada.

Ello lleva, dentro de las evidentes diferencias de escala, a estimar oportuno repetir esa homogeneización en los puertos autonómicos con respecto a los del estado y de otra comunidades autónomas.

Así, las medidas que, en este sentido, se adoptan en la proposición de Ley van dirigidas, básicamente al incremento del plazo de las concesiones demaniales portuarias, elevándolo al límite máximo de 30 o 50 años, y permitir prórrogas extraordinarias a las concesiones de puertos deportivos y de instalaciones en zonas portuarias de uso náutico-deportivo destinadas a la prestación del servicio a las embarcaciones deportivas y de ocio, que sean de interés estratégico o relevante para el sistema portuario andaluz o para el desarrollo económico del mismo, cuando la concesionaria se comprometa a llevar a cabo determinadas actuaciones de inversión o contribución económica relevante, y concurran razones de interés publico de orden económico, social, turístico o estratégico que así lo aconsejen.

Ello lleva aparejada la necesidad de introducir la correspondiente norma de derecho transitorio, que posibilite a las concesiones otorgadas con anterioridad a la presente modificación acceder a dichas prórrogas, incluso a aquellas concesiones no vigentes que hubieran tenido derecho a dicha prórroga si la Comunidad Autónoma de Andalucía hubiese legislado cuando debía hacerlo y no de forma tardía como lo está realizando, siempre y cuando las mismas cumplan una serie de requisitos.