SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP-A ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento en la que se insta a la Junta a defender la igualdad, la libre competencia y la libertad de las, empresas que quieren seguir teniendo su sede social en Andalucía e interponga recurso de inconstitucionalidad y cuantas medidas en el ámbito judicial sean oportunas si prospera cualquier iniciativa del Gobierno de España que "atente contra ello con medidas que puedan privilegiar el trasvase de empresas de unos territorios en favor de otros".
En este sentido, el PP-A pide en la iniciativa el apoyo del Parlamento a la libertad de empresa y la iniciativa privada como principales motores de generación de empleo y bienestar, y su rechazo a la aprobación de sanciones, incentivos o beneficios fiscales por parte del Gobierno de España, cuya finalidad sea "incentivar que empresas trasladen su domicilio social desde cualquier comunidad a Cataluña", favoreciendo a un territorio en perjuicio del resto.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP-A recuerda que el pasado 10 de enero, Junts "aseguró haber acordado con el PSOE su abstención en la votación de 3 decretos del Gobierno a cambio de modificar la ley de sociedades para facilitar la vuelta a Cataluña de las empresas que libremente decidieron salir de esta comunidad autónoma por la incertidumbre e inestabilidad que supuso el 'procés', afirmando que defienden que las empresas que vuelvan tengan incentivos y que, aquellas que no lo hagan, sean sancionadas".
Para el Grupo Popular, este tipo de propuestas "rompen la igualdad entre españoles y entre territorios como ya ocurre con sus propuestas en financiación, además de ser contraria a la competencia entre empresas y a su derecho a establecerse donde quieran".*
Añade que la aprobación de este tipo de medidas es un "inconcebible ejercicio de extorsión que tendría negativas consecuencias en la economía y el empleo para la Comunidad Autónoma de Andalucía, además de un claro menoscabo al derecho a la libertad de empresa y de establecimiento, al principio de igualdad y a la libre competencia, incompatible todo ello también con el Derecho comunitario".
Expone que desde el año 2017, más de 7.700 empresas han trasladado su domicilio social a otras comunidades, siendo alrededor de 750 las empresas "que han desplazado su sede social de Cataluña a Andalucía, huyendo de la deriva secesionista, de la inestabilidad y de la inseguridad jurídica instaurada desde el propio gobierno autonómico y provocada por la declaración unilateral de independencia y todas las actuaciones derivadas del 'procés".
