PP-A y Vox rechazan una PNL de Por Andalucía para que la Junta pida al Gobierno la gestión del Ingreso Mínimo Vital

Sesión de la comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Parlamento andaluz.
Sesión de la comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 13 febrero 2024 17:58

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

PP-A y Vox han votado este martes en contra de una proposición no de ley (PNL) que el grupo Por Andalucía ha defendido en la comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Parlamento para que desde la Cámara andaluza se instase a la Junta a solicitar al Gobierno de España la gestión de la prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

De esta manera, la PNL ha sido rechazada en la comisión con los votos de los diputados del PP-A y Vox presentes en la misma, mientras que los parlamentarios del PSOE-A han respaldado la iniciativa de Por Andalucía.

En concreto, el grupo Por Andalucía planteaba con esta iniciativa que el Parlamento inste a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que dirige Loles López "a que impulse en el seno del Consejo de Gobierno la solicitud al Gobierno de España para la asunción de la gestión de la prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital, incluyendo la iniciación, tramitación, resolución y el control de este, tal y como establece la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital".

En defensa de la PNL ha intervenido el parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado, quien ha advertido de que "desde que se presentó el decreto por el que se incompatibilizaba el IMV con la Renta Mínima de Inserción" (RMI), eso "está provocando un perjuicio para los destinatarios de recibir este tipo de prestaciones que son, además, los más vulnerables".

"Con los datos de pobreza que tiene Andalucía no se puede permitir que este tipo de cosas sigan ocurriendo", ha manifestado José Manuel Gómez, quien ha defendido que, "al incompatibilizar el IMV y la RMI, para poder acceder la renta mínima de inserción se necesita la denegatoria del Ingreso Mínimo Vital", y esto provoca "que las personas más vulnerables puedan estar nueve meses sin tener ningún tipo de ingreso".

El diputado de Por Andalucía ha remarcado que eso es "un perjuicio para la población vulnerable de Andalucía", y desde su grupo entienden que "la gestión autonómica podría facilitar el acceso a la prestación, además de conseguir descentralizar y que Andalucía asuma más competencias".

POSICIONAMIENTO DEL PP-A

En el debate de la iniciativa, la parlamentaria del PP-A Verónica Martos ha remarcado que su partido "viene desde 2020 presentando iniciativas contra el agravio comparativo que suponía la cesión del Ingreso Mínimo Vital a dos comunidades" autónomas --País Vasco y Navarra--, y, en septiembre de 2022, la consejera Loles López se reunió con el entonces ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, para solicitarle "negociar la cogestión" del Ingreso Mínimo Vital, si bien desde entonces "el Ministerio no ha hecho nada", según ha criticado.

La diputada del PP-A ha continuado señalando que, el pasado mes de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "acordó de manera bilateral" con su homólogo de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragons, la cesión de la gestión del IMV a la administración catalana, y unos días después el jefe del Ejecutivo anunció lo mismo para todas "las comunidades autónomas de régimen común que lo solicitaran".

La representante del PP-A ha defendido que este asunto de la cesión de la gestión del IMV "se debe abordar de manera formal, seria y sosegada", y al respecto ha explicado que existe "una comisión de seguimiento" de esta prestación que "a día de hoy jamás se ha convocado", pero que "debería ser donde las comunidades autónomas puedan disponer, a través de un cauce formal, de toda la información necesaria" y de los "compromisos necesarios para una adecuada cesión de la gestión de la prestación" a las comunidades autónomas, con las que el Gobierno "no contó cuando aprobó el IMV", según ha criticado Verónica Martos.

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado