SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de Ley de Medidas frente al Cambio Climático, que elevará al máximo rango jurídico los planes que la Junta desarrolla desde 2002 contra los efectos de este fenómeno y que fijará nuevos límites a la contaminación de gases de efecto invernadero, ha superado este martes el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento, con lo que a partir de ahora seguirá su tramitación en la comisión parlamentaria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Ante el Pleno del Parlamento, el consejero del ramo, José Fiscal, ha celebrado que el texto llegue a la Cámara autonómica y ha destacado que será "más que un texto legal", sino que "significará un viraje de timón hacia la esperanza de legar a nuestros hijos un mundo sin alarmas ambientales ni pesimismo que oscurezca el horizonte, ni amenazas en un futuro más o menos lejano".
Asimismo, el titular Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha considerado "enormemente positivo" que no se hayan presentado enmiendas a la totalidad por parte de ningún grupo parlamentario contra el proyecto de ley aprobado por el Gobierno andaluz, a la par que ha destacado el grado de participación social del mismo.
De su lado, para posicionar al PP-A, Arancha Martín ha celebrado que "por fin" llega este proyecto de ley al Parlamento andaluz, tras recordar que el primero se aprobó en el 2014, a la par que ha defendido que el cambio climático hay que "atajarlo" además de manera individual, colectivamente "y con la implicación de todas las administraciones".
Entretanto, ha dicho que la norma andaluza "debe responder a los objetivos de la agenda nacional en nuestro ámbito competencial", para buscar "los mejores aliados y alcanzar los objetivos internacionales", y ha confiado en que no sea "una ley de postureo" y se logre el consenso de todas las fuerzas.
En nombre de Podemos, Mercedes Barranco ha criticado que el proyecto de ley "no plantea un modelo de futuro para Andalucía ni tampoco una transición energética, tan necesaria en este país". Además, ha lamentado que el texto no sea "más valiente y coherente" con el discurso ambientalista del PSOE-A, pues cree que es un texto "muy tímido que no va a la raíz de los problemas y que no tiene voluntad de cambio del modelo productivo, energético y económico" que necesita Andalucía.
Marta Escrivá, parlamentaria de Ciudadanos, ha defendido que para combatir el cambio climático es necesario implicar a las instituciones, a las empresas y al conjunto de la sociedad; de manera que ve necesario que se apruebe en Andalucía una norma en este sentido, si bien cree que el texto aprobado por el Consejo de Gobierno "se queda corto" pues "se ha centrado demasiado en el diagnóstico", y no hay una "promoción clara" por el transporte sostenible y la energía renovable.
Por IULV-CA, José Antonio Castro ha dado la bienvenida a este proyecto de ley en un momento en el que "o se dan pasos hacia delante o condenamos el futuro más inmediato de la humanidad", y cuando "desgraciadamente muchos gobernantes miran hacia otro lado o ponen en duda" las consecuencias del cambio climático. No obstante, ha advertido de que "no es suficiente con la Ley de Cambio Climático" y que debería acompasarse al debate de otras medidas como la política energética o abordar un modelo de construcción sostenible.
Por último, el diputado del PSOE-A Julio Millán ha resaltado que Andalucía, con esta norma, "va a la vanguardia y ha sido punta de lanza una vez más" en el país, al tiempo que ha manifestado da respuesta a una necesidad legislativa "al concentrarse en un texto toda la normativa andaluza referida al cambio climático".
CONTENIDO DE LA LEY
Esta norma supondrá una nueva regulación de la contaminación por gases de efecto invernadero y se dirigirá a las denominadas "emisiones difusas", que se encuentran en situación de vacío legal al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión. Para ellas, que suponen un 55% de la contaminación vinculada al cambio climático en la comunidad, se fija el objetivo mínimo de reducir un 18% en 2030 el nivel registrado en 2005 de 4,28 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) por habitante y año.
El proyecto establece cuotas de emisiones por periodos de seis años para los distintos sectores que generan contaminación difusa, fundamentalmente el transporte, el agrario, la edificación y la vivienda, así como la gestión de residuos, los gases fluorados y aquellas actividades industriales que quedan fuera de la regulación europea. Estas cuotas, denominadas "presupuestos de carbono", serán revisables por el Consejo de Gobierno en función de los compromisos que puedan adquirirse en el ámbito internacional, de la normativa europea o estatal, de las disminuciones logradas o de los impactos económicos y sociales de las medidas incluidas en la ley.
El texto prevé también la puesta en marcha del Plan Andaluz de Acción por el Clima, que marcará los objetivos de mitigación y adaptación desde el ámbito local y autonómico, para incorporarlos a todas las planificaciones sectoriales.
Para facilitar el cumplimiento de los fines planteados, el texto incluye nuevos instrumentos obligatorios y voluntarios. Entre los primeros, de aplicación a las administraciones públicas y el sector privado, se encuentra el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER), un instrumento pionero en España que incluirá en la lucha contra el cambio climático las actividades de elevado consumo energético, creando nuevas obligaciones de transparencia y reducción de la contaminación. El SAER se aplicará una vez esté elaborado el reglamento de desarrollo de la ley, dentro de dos años desde su entrada en vigor. Con carácter obligatorio, los establecimientos deberán disminuir sus emisiones según un plan de reducción basado en los valores de referencia establecidos.
En el ámbito voluntario, el proyecto de ley recoge la habilitación del Registro de la Huella de Carbono de Productos y Servicios, una herramienta para medir y comunicar las emisiones de los productos o servicios que se ponen en el mercado. La nueva norma también contendrá instrumentos voluntarios para la compensación de emisiones de CO2 mediante su absorción por sumideros naturales vinculados principalmente a proyectos forestales, dada la capacidad de los bosques para absorber el carbono.
Por su parte, los municipios con más de 50.000 habitantes de población vinculada (beneficiaria de los servicios municipales) deberán elaborar programas de cambio climático en el marco de sus competencias e incorporarlos a la planificación local.
Como instrumentos técnicos de referencia para la planificación y la toma de decisiones, se elaborarán los Escenarios Climáticos de Andalucía y el Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que incluirá datos de emisión por fuentes y de absorción por sumideros, y la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía para la integración del conocimiento científico generado en los centros de investigación andaluces.
Finalmente, para coordinar estas políticas en el ámbito de la Administración autonómica, se crea una estructura administrativa integrada por el Consejo de Gobierno, una comisión interdepartamental sobre la materia, la Consejería competente y la Oficina Andaluza de Cambio Climático.
