JAÉN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha exigido a la Junta de Andalucía que "asuma de una vez su responsabilidad" y ponga en marcha "medidas efectivas" para ayudar a los 65.000 parados de la provincia de Jaén.
La secretaria de Empleo del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, ha lamentado las cifras negativas arrojadas por la Encuesta de Población Activa (EPA) en el segundo trimestre del año, con un acusado descenso del número de ocupados, cifras que son "la lógica consecuencia de la crisis de la pandemia".
Uceda ha subrayado las medidas laborales, económicas y sociales impulsadas por el Gobierno de España para proteger a trabajadores, autónomos y empresarios, al tiempo que ha apuntado que la Junta de Andalucía "sigue sumida en la más absoluta indolencia, recortando 7,5 millones de euros a los planes de empleo en la provincia, negándose a aprobar un plan especial de empleo para provincias del interior como Jaén y reduciendo a la mínima expresión las inversiones públicas, especialmente en materia de infraestructuras y carreteras".
Por ello, exige al Gobierno andaluz "que asuma de una vez su responsabilidad", porque PP y Ciudadanos tienen "el mando" desde hace casi dos meses y "su obligación" es impulsar medidas efectivas para ayudar a los 65.000 desempleados de la provincia. "Lo que no puede ser es que la Junta no apruebe planes especiales de empleo y encima recorte la cuantía de los que ya había", ha dicho en un comunicado.
Uceda ha señalado que se han aprobado 115.000 prestaciones por desempleo en la provincia de Jaén, que más de 6.000 ERTE han permitido la protección de 30.000 trabajadores, que cerca de 20.000 autónomos han cobrado la prestación extraordinaria por cese de actividad, y que ha habido también ayudas para trabajadores temporales y empleadas del hogar. Asimismo, más de 4.2000 empresas y autónomos de la provincia han tenido acceso a 456 millones de euros gracias a la línea de avales del ICO.
A esto le ha sumado otras medidas como el ingreso mínimo vital, el aplazamiento de impuestos, la moratoria de hipotecas, la prohibición de cortar la luz, el agua y el gas, la rebaja del sello agrario para 70.000 trabajadores del campo o la reducción del IRPF para olivareros.