PSOE-A insta desde el Parlamento a la Junta a retirar su recurso al TC contra el reparto de menores migrantes

SEVILLA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Pleno del Parlamento en la que plantea que la Cámara andaluza inste al Gobierno de la Junta a "retirar de forma inmediata el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo", que acuerda el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas.

El Consejo de Gobierno andaluz acordó en su reunión del pasado 11 de junio autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para la interposición de dicho recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, alegando que se ha producido con él por parte del Gobierno central una "invasión de competencias".

Así lo explicó la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a dicha reunión del Consejo, en la que también afeó al Gobierno central "falta de recursos económicos" para que la comunidad autónoma se haga cargo de los menores que se le asignen en este reparto, de ahí también que el Ejecutivo andaluz haya decidido recurrir dicho decreto al Tribunal Constitucional "apelando al artículo 86.1 de la Constitución y al artículo 61.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía".

Frente a esta decisión del Gobierno andaluz se posiciona esta PNL del Grupo Socialista, consultada por Europa Press y pendiente de debate en el Pleno del Parlamento, con la que el PSOE-A quiere que la Cámara autonómica inste a la Junta a "retirar de forma inmediata" dicho recurso, al entender que "contraviene el interés superior del menor, la solidaridad interterritorial y los principios rectores de la legislación andaluza vigente en materia de infancia y adolescencia".

La iniciativa socialista defiende que, con la retirada del recurso de inconstitucionalidad que reclama, Andalucía reafirmaría su "compromiso" con "una política de protección de la infancia que sea solidaria, corresponsable y conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, y que garantice una atención digna e integral a todos los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, con independencia de su origen o nacionalidad, y que promueva una visión humanista, respetuosa y basada en derechos sobre la infancia migrante, combatiendo activamente los discursos de odio, los prejuicios racistas y la instrumentalización política de los menores migrantes no acompañados".

"EN DEFENSA DE LOS MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS"

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa "en defensa" de los menores migrantes no acompañados, el Grupo Socialista parte de la premisa de que "el acceso al territorio" de dichos menores "constituye una realidad constante en las rutas migratorias hacia Europa, que obliga a los poderes públicos a ofrecer una respuesta jurídica, institucional y humanitaria centrada en la defensa del interés superior del menor".

La iniciativa señala que, en Andalucía, "las provincias de Almería, Cádiz y Granada han vivido picos de llegada de menores no acompañados por vía marítima que han sobrepasado la capacidad del sistema de protección", y "la Fiscalía Superior de Andalucía ha advertido en varias ocasiones de la saturación de centros, de la falta de recursos específicos para niñas y adolescentes migrantes, y de la necesidad de una mejor coordinación interterritorial".

El Grupo Socialista defiende que, en este contexto, el citado Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, "aprobó un mecanismo de reparto solidario de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas en situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, así como la creación de un fondo estatal de compensación", de modo que la normativa "busca repartir de forma equitativa la responsabilidad pública en la atención de estos menores".

Desde el PSOE-A subrayan en su PNL que el decreto del Gobierno central viene "acompañado por un fondo estatal de 100 millones de euros para cubrir los costes de sobreocupación y traslado", y "el objetivo principal es garantizar condiciones dignas de atención y evitar el colapso de los servicios autonómicos en situaciones de saturación".

Frente a ello, lamenta que el recurso que ha acordado interponer la Junta ante el TC "no sólo pone en riesgo el principio de solidaridad interterritorial y el interés superior del menor, sino que sitúa a Andalucía en una posición de bloqueo institucional ante una respuesta estatal necesaria, razonable y jurídicamente habilitada por la situación de emergencia descrita" en el citado decreto.

Además, sostienen desde el PSOE-A que "el recurso supone una contradicción" con el Estatuto de Autonomía andaluz, "que en su artículo 21.1 establece que las políticas públicas deben regirse por los principios de solidaridad, protección de la infancia y justicia social, y entra en conflicto directo con la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, en la que se establece una política pública de infancia centrada en la garantía efectiva de derechos, la protección prioritaria de los menores más vulnerables y la cooperación interinstitucional".

"INCERTIDUMBRE JURÍDICA Y BLOQUEO DE MECANISMOS DE COOPERACIÓN"

"La Junta, lejos de reforzar su sistema de protección, contribuye con esta impugnación a generar incertidumbre jurídica, desprotección institucional y bloqueo en los mecanismos de cooperación entre comunidades", sostiene el Grupo Socialista en esta iniciativa en la que, además, defiende que el decreto que va a recurrir el Gobierno andaluz "no impone una carga unilateral, sino que se apoya en mecanismos de cooperación y coordinación previamente consensuados", por lo que dicho recurso del Gobierno andaluz "contradice estos antecedentes de colaboración", además de que "entorpece la consolidación de un sistema nacional de protección en situaciones de emergencia".

"El uso del conflicto institucional para evadir la acogida de menores migrantes no acompañados no solo deteriora la imagen de Andalucía como tierra de acogida, sino que alimenta peligrosamente discursos que deshumanizan a la infancia migrante, ignorando su vulnerabilidad y su derecho a una protección integral, digna y efectiva", continúa la exposición de motivos de la iniciativa socialista, que también afea al Gobierno andaluz su "falta de alternativa", al no haber presentado ni "un plan propio de refuerzo del sistema de protección" ni haber garantizado "una respuesta estructurada para asumir nuevas llegadas en el futuro".

El Grupo Socialista concluye defendiendo el registro de esta iniciativa partiendo de la premisa de que "la infancia migrante no acompañada requiere protección, no confrontación; recursos, no excusas", y "requiere leyes que aseguren su dignidad, no recursos que la pongan en cuestión".