SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) e Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) han instado este sábado a la Junta de Andalucía a convocar la Mesa Sectorial para implantar el teletrabajo en sus plantillas, ya que dos meses después del pacto alcanzado para aplicarlo, "la medida sigue congelada", según alertan.
Ambos sindicatos, que suman mayoría absoluta en la Mesa Sectorial, han recordado que el 14 de septiembre este órgano alcanzó el pacto de medidas organizativas para implantar el teletrabajo en la segunda ola del Covid.
Sin embargo, el trabajo a distancia sólo se ha aplicado de forma generalizada al 20% de la jornada laboral, por debajo del 30% que el Real Decreto Ley que lo regula considera teletrabajo como tal. "El problema es que la Junta no cree en el teletrabajo porque desconfía de los funcionarios, por eso lleva meses ninguneando nuestras peticiones de convocar la Mesa y negociar la normativa del teletrabajo", ha señalado Carlos Ezequiel Sánchez, presidente del SAF.
En consecuencia, "los funcionarios hemos estado acudiendo a trabajar durante esta segunda ola de la pandemia, mientras a las empresas privadas se les exigía teletrabajo", ha señalado la secretaria de Acción Sindical de ISA, Rocío Luna.
ISA y SAF han recordado que antes de la segunda ola del Covid ya habían solicitado a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública la aplicación del teletrabajo hasta el 100% de la jornada laboral, en los puestos que lo permitan, en todas las provincias andaluzas.
También habían reclamado que el protocolo de aplicación se negocie en la Mesa Sectorial, ya que la Administración General es la más afectada. Sin embargo, cuando aumentaron los contagios en Granada y se adoptaron medidas más estrictas, entre ellas el teletrabajo al 100%, el acuerdo se alcanzó en la Mesa General, "cuando en Educación, Sanidad y Justicia no se aplica del mismo modo".
"Ni siquiera han respondido a nuestras peticiones de convocar la Mesa a pesar de que llevamos más de tres semanas con nuevas restricciones de la movilidad a causa del aumento de los contagios", ha denunciado Luna.
"Siguen poniendo parches para salir del paso, porque no quieren establecer una regulación. Otras comunidades se han puesto las pilas y están teletrabajando hasta cuatro días por semana, como en Melilla, mientras que la Junta sigue sin regular nada ocho meses después del comienzo de la pandemia", ha señalado Sánchez.
La situación es especialmente grave para los trabajadores sensibles, de más de 60 años y con enfermedades previas que los hacen más vulnerables al Covid.
ISA y SAF denuncian que en verano se les hizo volver al trabajo presencial sin valorar sus circunstancias personales, alegando que los entornos laborales reunían condiciones de seguridad. "Muchas de sus peticiones de volver al teletrabajo siguen sin respuesta, dependiendo de los centros de trabajo, y algunos se han cansado de pedirlo y se han resignado a trabajar de forma presencial", ha señalado Luna.
Los sindicatos señalan que la Mesa Sectorial debe dictar protocolos que regulen cómo se decide si un funcionario debe teletrabajar por motivos de salud: "Las decisiones no pueden seguir al arbitrio de los jefes de servicio, como durante la primera ola de Covid, porque no es su competencia y porque se generan situaciones arbitrarias. Ha habido tiempo de sobra para establecer medidas homogéneas para todos los trabajadores".
El pacto alcanzado en septiembre señala que la necesidad de aplicar el trabajo a distancia en todos los puestos que lo permitan "es responsabilidad de los empleadores, especialmente de las administraciones públicas".
El punto 5.1 de este protocolo manifiesta que cuando concurran "situaciones extraordinarias por la limitación de la movilidad de las personas, el cierre de centros de trabajo o la suspensión temporal de actividades presenciales, "la modalidad general de prestación de servicios de las personas afectadas por la concreta situación será la no presencial". Una medida que ayudaría a evitar al máximo los contagios durante uno de los peores picos de contagios en Andalucía y que se lleva reclamando desde marzo, cuando comenzó la pandemia.
