CÓRDOBA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), mediante un auto dictado el pasado 12 de septiembre, ha acordado "declarar extinguido el conflicto positivo de competencia" surgido en 2003 entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación, bajo gobiernos entonces del PSOE y el PP, respectivamente, en relación con la tutela sobre la caja de ahorros CajaSur.
El conflicto de competencia, según publica hoy el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) fue promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con la Orden de 13 de marzo de 2003, del Ministerio de Economía, por la que se autorizó "la modificación de los estatutos y el reglamento del procedimiento para la designación de los órganos de gobierno de la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba".
El posterior acuerdo Junta-Iglesia sobre CajaSur ha llevado al desistimiento de la Administración autonómica de los diversos frentes judiciales que tenía abiertos desde 2003 y con anterioridad, en relación con el control de la caja cordobesa, y cuya máxima expresión se vivió con la aprobación de la referida modificación de los estatutos de CajaSur en 2003.
LOS ESTATUTOS DE 2003.
De forma concreta, el Ministerio de Economía aprobó en marzo de 2003, aunque con la inclusión de diversas sugerencias, los nuevos estatutos de CajaSur, entidad que culminó su tramitación con la convocatoria de elecciones para los órganos de gobierno en la caja.
Ello implicó la plena adaptación a la Ley Financiera por parte de CajaSur, que remitió dichos estatutos al Ministerio de Economía, tras su aprobación por la asamblea general de la caja el 28 de diciembre de 2002, después de haberse acreditado ante este Ministerio, para pasar así a estar bajo la tutela y control de la Administración central, al amparo de la Ley Financiera, y no, como hasta ahora, de la Junta de Andalucía.
CajaSur se convirtió así en la primera entidad financiera española en adaptar sus estatutos a dicha Ley, lo cual implicó posteriormente, entre otros aspectos de carácter competencial, el nombramiento de un delegado en la comisión de control de CajaSur, por parte del Ministerio de Economía.
La caja cordobesa, tras inscribir sus nuevos estatutos en el Registro Mercantil inició entonces el proceso de renovación de sus órganos de gobierno, tal y como estaba regulado en dichos estatutos, que preveían variaciones en el número de representantes que tendrán el Cabildo Catedralicio de Córdoba (Iglesia), la Diputación y los ayuntamientos cordobeses, los impositores y los trabajadores de la entidad.
Esta situación varió tras el citado acuerdo Junta-Iglesia, que supuso la vuelta de la caja a la tutela de la Junta y la aprobación de nuevos estatutos, además de la salida del que durante casi 30 años dirigió los destinos de CajaSur, Miguel Castillejo.
