GRANADA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado en parte la demanda interpuesta por el sindicato SPJ-USO para la protección de los Derechos Fundamentales declarando "ilegal" el último decreto de servicios mínimos que, según SPJ-USO, "trató de imponer" la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía durante la huelga de funcionarios de Justicia que se extendió hasta el mes de octubre de 2005.
En un comunicado remitido hoy a Europa Press, el sindicato informó de que, de este modo, el TSJA "ha dado un nuevo varapalo" a la Consejería, puesto que éste es el segundo decreto de servicios mínimos que vulnera los Derechos Fundamentales, según el Alto Tribunal andaluz.
La Resolución contra la que se interpuso recurso contencioso-administrativo es la que que establecía, con fecha 28 de septiembre de 2005, los servicios mínimos ante las jornadas de huelga convocadas los días laborables 5, 6 y 7 de octubre.
Para SPJ-USO, el decreto "ahora desautorizado judicialmente" constituye uno de los "recuerdos" dejados en "herencia" por el ya ex viceconsejero, Carlos Toscano, cesado el pasado 24 de enero, que fue el que firmó todos los decretos de servicios mínimos de la huelga, dictados a nombre de la Consejería de Justicia y que, de forma invariable, "han venido siendo declarados ilegales por el máximo órgano judicial andaluz".
El sindicato recordó que ya ocurrió lo mismo con la resolución fechada el 9 de junio de 2005 para fijar los servicios mínimos entre el 16 y 30 de junio. Asimismo, SPJ-USO tiene recurrido ante el TSJA el acuerdo marco suscrito el pasado 29 de julio por la Consejería de Justicia y Administración Pública con CC.OO. y UGT en materia de condiciones de trabajo del personal funcionario.
Además, también está recurrida la orden de 20 de septiembre de 2005 de la Consejería que prorroga la orden de abril de 2000 sobre selección, propuesta y nombramiento de funcionarios interinos para cubrir plazas vacantes de los cuerpos de médicos forenses, oficiales, auxiliares y agentes judiciales.
Por último, SPJ-USO consideró que la "falta de diálogo" del ex viceconsejero intentaba "sustituir" a base de "decretazos" los servicios mínimos para "minimizar la huelga de cara a la opinión pública".
