Actualizado 14/09/2020 5:48:56 +00:00 CET

El TSJA estudia este lunes el acuerdo de Núñez Bolaños y Vilaplana para el reparto de competencias en macrocausas

Imagen de archivo del juez José Ignacio Vilaplana, que desarolla labores de refuerzo en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla.
Imagen de archivo del juez José Ignacio Vilaplana, que desarolla labores de refuerzo en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla. - Jesús Prieto - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) somete a aprobación este lunes el acuerdo alcanzado entre la jueza titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevillla, María Núñez Bolaños, y el Juez de Adscripción Territorial, José Ignacio Vilaplana, quien ejerce labores de refuerzo, para el reparto de competencias en el seno de este órgano judicial, según han confirmado a Europa Press fuentes del TSJA.

Según la información que adelanta Diario de Sevilla, el acuerdo interno de reparto de compentencia entre los jueces Núñez Bolaños y Vilaplana supone que sea este último quien asuma la instrucción del centenar de piezas sobre las ayudas concedidas en el caso ERE así como del resto de macrocausas que gestiona el juzgado, que incluye la investigación de los cursos de formación, de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), los avales y transferencias de la Agencia IDEA.

El juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana ha asumido en los últimos once mes la instrucción de las macrocausas del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla por cuanto la jueza Núñez Bolanos ha permanecido de baja médica. El juez Vilaplana lleva en este juzgado desde 2016.

Este reparto de competencias se conoce una vez que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el jueves tomar conocimiento del archivo aprobado por el Promotor de la Acción Disciplinaria del Servicio de Inspección sobre las diligencias informativas abiertas a la juez Núñez Bolaños tras no apreciar en su actuación la comisión de ninguna de las faltas disciplinarias, graves y muy graves que la Fiscalía Anticorrupción le atribuía en la tramitación de las distintas piezas del caso ERE.

Los vocales José Antonio Ballesteros y Nuria Díaz, que formularán voto particular, han votado en contra del acuerdo alcanzado.

El Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, presentó en julio de 2019 una denuncia ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ contra la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María de los Ángeles Núñez Bolaños, por el "retraso injustificado" en la tramitación de las piezas separadas del caso ERE, así como en el caso Avales y en el caso IDEA.

En la argumentación de la Acción Disciplinaria, conocida el 24 de julio, se sostiene que "no cabe inferir la pasividad intencional o el descuido injustificable que la denuncia atribuye a la magistrada".

A juicio del informe del Servicio de Inspección del Poder Judicial, "la instrucción de todas las piezas se desarrolló con buen ritmo y transcurrió con normalidad, dándose respuesta a las peticiones de las partes y tramitándose los recursos en tiempos razonables".

El informe se remitió a "la reiterada jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo" para aportar argumentos de este órgano, que indica, en relación a la dilación en la instrucción de una causa, que "para atribuir a un juez o magistrado ilícitos disciplinarios derivados de incumplimientos temporales debe resultar inequívocamente demostrado que el retraso o la simple inobservancia temporal se deba a la pasividad intencional o al descuido del juez o magistrado".

El informe del Servicio de Inspección del Poder Judicial constató "la existencia de demoras", de las que esgrime "no denunciadas entonces" y que sitúa "en la última parte del año 2016 y en parte del año 2017".

El informe apuntó que ese momento temporal "coincide" con la etapa en que la magistrada "recibió un mayor número de informes policiales derivados de las diligencias iniciales" que se tradujeron en "la apertura de cerca de doscientas piezas separadas, también de gran complejidad".

Sobre el contexto en que se desarrolla el trabajo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el informe apuntó que "se encuentra en una situación excepcional desde que en 2011 se incoaron las diligencias previas que han dado lugar al caso ERE".

El informe disculpó al juzgado de las dilaciones tras percibir como "fuente inevitable de retrasos, la estructura y competencias actuales de los juzgados de instrucción y con el diseño vigente del proceso penal".

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial calificó como "eficaz y exhaustivo, el control de la magistrada sobre procedimientos ordinarios y macrocausas", por lo que concluye que "la instrucción se ha llevado a cabo de forma correcta, ágil y ordenada, con control de agendas".

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