Incendio forestal - UGT ANDALUCÍA
SEVILLA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT-A ha advertido este martes que los bomberos andaluces están realizando su trabajo en "unas condiciones tremendamente precarias" en un momento en el que los incendios forestales se han agravado por las altas temperaturas y los efectos del cambio climático, por lo que ha reivindicado un aumento del presupuesto para ampliar la plantilla y dotarla de equipos de protección con infraestructuras y vehículos adecuados, junto a "unas condiciones laborales de calidad".
En cifras anuales, durante el primer semestre se han registrado 16 incendios y 114 conatos y, solo desde principios de junio, 3.500 hectáreas han sido arrasadas por incendios --532 hectáreas en Tarifa (Cádiz), 2.160 hectáreas en Níjar (Almería) y más de 800 hectáreas en Cerro Muriano (Córdoba)--, mientras que los bomberos forestales han trabajado "contra el fuego en condiciones precarias".
Los incendios son más frecuentes y devastadores en Andalucía durante el verano e implican consecuencias económicas, sociales y medioambientales, según ha recogido la organización sindical en una nota de prensa, en la que también ha señalado "la falta de una gestión adecuada" que ha provocado que, "en multitud de ocasiones" se hayan quedado zonas fuera de la capacidad de extinción por parte personal de los servicios de extinción.
En este sentido, en Andalucía el dispositivo contra incendios está compuesto por unos 3.800 bomberos forestales. La central sindical ha subrayado que "algo más del 25% llevan a cabo sus trabajos únicamente en el periodo de mayor riesgo de incendios, siendo dados de baja el 15 de octubre de cada año". A pesar de que con la llegada del otoño el riesgo de incendios disminuye, ha argumentado que en este período se debe llevar a cabo el trabajo preventivo en el monte, las labores de sensibilización, la adecuación de las infraestructuras, la revisión de las zonas periurbanas, la inspección de los puntos de agua y la realización de las quemas prescritas.
Asimismo, UGT ha apuntado que durante el verano también llevan a cabo las actuaciones frente a las emergencias climáticas y catástrofes naturales. Además, ha indicado que "son también de los pocos recursos con los que cuenta Andalucía para actuar en caso de nevadas, inundaciones, riadas de agua, búsqueda de personas desaparecidas en el medio natural, adecuación de vías, pistas y caminos y retirada de elementos en caso de rachas de fuertes vientos".
La organización sindical ha informado que a las "plantillas insuficientes" se suman "la falta de equipos de protección individual, equipos obsoletos o inadecuados, estado alarmante de los vehículos contra incendios y enormes deficiencias en los avituallamientos que reciben durante su trabajo con elevadas temperaturas --en muchas ocasiones, un bocadillo en condiciones lamentables y sin agua potable que poder beber durante horas--". Estas condiciones, según alerta, han incrementado los tiempos de reacción, control y extinción de los incendios, además, han supuesto un elevado grado de riesgo añadido para la salud y la seguridad del personal.
Desde UGT Andalucía han reafirmado su compromiso con las políticas de prevención y lucha contra los incendios forestales, pues "las consecuencias son devastadoras para Andalucía". Los incendios forestales impactan sobre la flora y la fauna, degradan y erosionan el suelo, contaminan las aguas y provocan deslizamientos de tierras. Además, pueden ocasionar pérdidas de vidas humanas, daños personales y materiales, así como, obligan a los ciudadanos a abandonar sus residencias.
Ante la pérdida de biodiversidad se debe incluir la prevención de grandes incendios mediante el diseño de medidas de preservación y gestión de los espacios naturales protegidos. Además, el sindicato ha señalado que se ha de tener en cuenta las particularidades de cada uno de ellos y sus distintos niveles de riesgo.
Por último, han mostrado su solidaridad y apoyo a los trabajadores de la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua (Amaya) y han reivindicado recuperar el complemento de antigüedad, al que se había comprometido el Gobierno de la Junta de Andalucía y se ha convertido en "una cuestión de justicia social".