UGT-A pide que se defiendan los derechos de los migrantes y dice que Archidona "crea un peligroso antecedente en España"

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía exige que se defiendan los derechos humanos de las personas que migran de sus países por guerras, hambrunas, persecución política o religiosa, con motivo de la celebración este 18 de diciembre del Día Internacional del Migrante. Nacional Unidas estableció este día para reivindicar los derechos humanos de las personas inmigrantes, ante el innegable aumento de los flujos migratorios. En la actualidad, se calcula que más de 232 millones de personas buscan un desarrollo vital en países distintos al suyo.

"Es importante el papel que tenemos los sindicatos en España, a diferencia de otros países de la UE, pues como agentes sociales somos participes en la de algunas cuestiones fundamentales en políticas migratorias como pueden ser los contingentes, y servimos como muro de contención a la vulneración de los derechos fundamentales de las personas inmigrantes en nuestro país", señala UGT a través de un comunicado.

Así, añade que tanto en España como en Andalucía "se ha visto como han aumentado masivamente la llegada de inmigrantes, pasando en un año de 6.000 a 16.000 en nuestra comunidad autónoma", y debido "a la ausencia de planificación política, nos encontramos con Centros de Internamiento de Extranjeros (en adelante CIES) desbordados y con la reclusión de 500 inmigrantes en el centro penitenciario de Archidona", manifiesta.

UGT Andalucía, mostrando una preocupación por estas situaciones, y por los trabajadores de CIES y de Archidona, explica que han tenido una reunión con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, en la que "se nos trasladó que está todo dentro de la normalidad, que hay un aumento importante de llegada de personas a Andalucía, entre ellas muchos menores no acompañados, pero que esta situación es coyuntural. Que de momento hay plazas suficientes, que lo de Archidona fue una solución temporal y excepcional de urgencia, que los problemas inicialmente planteados --se denunció que no había ni agua ni luz--, están solucionados y que está todo bajo control".

"También se nos comentó la creación de un nuevo CIE en Algeciras, con una capacidad de plazas que supera al número de plazas de todos los CIES del país", añade el sindicato.

Para UGT Andalucía, España tiene una política "muy restrictiva" desde el punto de vista migratorio, "que no ha cumplido los parámetros de acogida de la UE, que somos el país que menos derecho de asilo otorga y que, lejos de la versión del Gobierno, los derechos fundamentales de las personas migrantes que están llegando a nuestras fronteras no están garantizados".

Además, UGT denuncia que la situación del centro penitenciario de Archidona "crea un peligroso antecedente en España, puesto que el internamiento de personas inmigrantes en un centro penitenciario sin orden ni condena de prisión es una vulneración de los derechos mas fundamentales de la persona".

Así, "exigimos que se garanticen, de forma inmediata, todos los derechos y servicios reconocidos a las personas extranjeras trasladadas al futuro centro penitenciario de Archidona" y que los CIE "se doten de medios materiales y humanos necesarios para que se cumpla la normativa vigente y garantizar los derechos tanto de las personas internadas en los mismos como de quienes trabajan y prestan sus servicios en los CIES".

Igualmente, pide que el Gobierno "asuma su responsabilidad en materia de asilo, y que garantice los derechos de todas las personas inmigrantes que llegan a España".

Para UGT Andalucía, "es necesario que en materia de asilo y refugio haya un cambio de política migratoria, pactada y ordenada, con una modificación del sistema público de acogida de solicitantes de asilo, incrementando los dispositivos de carácter público con fórmulas para una rápida inserción laboral y el establecimiento de procedimientos rápidos de homologación de títulos y experiencia profesional, tanto para personas refugiadas como para el resto de inmigrantes".

También exige que "se salvaguarde los derechos humanos de las personas que estén en situación administrativa irregular en nuestro país, estén en los centros de internamiento o no, sobre todo los de aquellas personas que trabajan de manera irregular, o son víctimas de trabajo forzoso o explotación laboral".