Sede de Unicaja
EUROPA PRESS/ARCHIVO

SEVILLA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unicaja Banco ha asegurado que las condiciones generales de sus hipotecas son "claras, transparentes y ajustadas a Derecho", tras conocer el acuerdo de la Junta de Andalucía sobre una sanción a la entidad respecto a "cláusulas abusivas en contratos de prestamos hipotecarios", ante lo que el banco ha anunciado que tiene previsto presentar el recurso correspondiente a esta resolución.

Fuentes de la entidad han indicado a Europa Press, en relación con esta sanción, que las condiciones generales utilizadas por Unicaja Banco en los contratos de préstamos hipotecarios "son claras, transparentes y
ajustadas a Derecho".

Por su parte, la entidad tiene previsto presentar el recurso correspondiente a esta resolución. En el expediente, la entidad ha hecho "alegaciones muy fundadas", por lo que espera "sean atendidas en la vía jurisdiccional, como ya ha ocurrido en otras ocasiones".

El Consejo de Gobierno ha acordado sancionar con más de 3,1 millones de euros a Unicaja Banco SAU, por introducir cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecarios y por incumplimiento de la información de prestación de servicio.

Asimismo, la organización de consumidores Facua recordaba este martes que Unicaja "es una de las 20 entidades denunciadas por Facua Andalucía ante la autoridad de consumo autonómica en 2013 por el macrofraude de las cláusulas suelo" y se trata del segundo banco que multa la Junta, tras la sanción de 1,58 millones de euros impuesta a Banco Mare Nostrum (BMN) a finales del pasado julio.

Facua también recordaba que en junio de 2014, la Secretaría General de Consumo del anterior Ejecutivo --adscrita a una de las consejerías en manos de Izquierda Unida-- "ya anunció que iniciaría expedientes sancionadores contra alrededor de una veintena de bancos por la cláusula suelo".

Por otro lado, cabe reseñar que existen sentencias, en relación con procesos similares seguidos por diversas administraciones autonómicas y entidades financieras, en las que se citan pronunciamientos del Tribunal Supremo anteriores a 2016, que declaran que la calificación de una cláusula como abusiva debe corresponder a los órganos jurisdiccionales del orden civil, sin que la interpretación de los contratos privados pueda encomendarse a la Administración.

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