Villamandos atribuye las críticas de rectores a la "inconstitucionalidad" de la LUPA a la figura del interventor externo

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha sostenido este martes que las críticas de los rectores andaluces del sistema público a que la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) está "en el límite de la inconstitucionalidad" a que se haya incluido la figura de un interventor externo en cada universidad --hace un año, en la propuesta de la Ley se planteó que fuera facultativo--. "Esto es lo que ha motivado" las críticas, ha señalado el consejero.

Gómez Villamandos se ha referido así a la intervención del presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, en la comisión parlamentaria sobre la Ley de Presupuestos 2026 y en la que el también rector de la Pablo de Olavide se preguntaba que "no sabemos a qué obedece este enigmático cambio. No comprendemos su inclusión", máxime, puntualizaba, cuando "todos los años nos fiscaliza la Cámara de Cuentas". "No hay institución más vigilada y fiscalizada que las universidades", subrayó. "Carece de sentido y va a burocratizar y ralentizar aún más la gestión".

En su momento, la Junta contestó a los rectores que esta figura "ya existe en todas las administraciones públicas" y que persigue ser "una garantía para la adecuada fiscalización de la gestión económica" porque "pretendemos que no vuelva a suceder lo ocurrido en la Universidad de Málaga, que gastó 80 millones sin la autorización que exige la Ley". El consejero Gómez Villamandos ha insistido en que todo lo recogido en la LUPA ni vulnera ni bordea la Constitución. "O se está vivo o se está muerto. O algo es inconstitucional o no lo es", ha sentenciado.

En un escrito remitido hace días, la Consejería explicaba que los "cambios" introducidos en el texto que contó hace un año con el "voto positivo de todos los rectores andaluces" son "consecuencia de la tramitación correspondiente" y "a instancia de las observaciones" hechas por el Consejo de Transparencia, Consejo Asesor de Estudiantes, Agencia de la Competencia, Gabinete jurídico y Consejo Consultivo.

La única "incorporación importante" que se ha hecho con respecto al anteproyecto de Ley que "tuvo el visto bueno de los rectores --insistía la Junta--" es la referente a la figura del interventor externo --antes facultativo y ahora obligatorio--. "En el resto de cuestiones sobre las que existía alguna duda, se acordó --hace un año-- que se establecería lo que indicara el Consultivo y así se ha hecho", remarcaba la Consejería en el escrito remitido, en el que se asegura que este organismo "analizó detalladamente el respeto a la autonomía universitaria señalando lo siguiente: "La autonomía universitaria se constituye en elemento fundamental para el análisis del texto sometido a examen [...] En definitiva, la comunidad autónomaes competente para la aprobación de la Ley cuyo anteproyecto se ha remitido a este Consejo para dictamen".

En su intervención en la comisión parlamentaria sobre la LUPA, Francisco Oliva lamentó que el texto que ha llegado a la Cámara andaluza "difiere en aspectos sustantivos" al que se analizó hace un año por los rectores y que recibió el visto bueno de estos. Los rectores del sistema público andaluz consideran que la Ley ahora en trámite supone "una injerencia política" y ponen "en entredicho su legalidad" al "invadir la autonomía universitaria consagrada en la Constitución" y al "vulnerar" artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). No obstante, aclaran que "no lo vamos a poder recurrir pero teníamos que decirlo".

Oliva llamó la atención, por ejemplo, sobre la "flagrante restricción" a las universidades a la hora de su organización interna en materia de contratación, con una revisión semestral del personal sustituto. Una "injerencia injusticada", según la AUPA. Sobre contratación, de hecho, apuntaron incluso a que "el Estado es el único con competencias en legislación laboral".

Sobre las "nuevas figuras" que se recogen en el texto andaluz, Oliva sostenía que "las modalidades" están recogidas en la LOSU, por lo que categorías como la del profesor singular invitado "por claridad, debería suprimirse porque no añade nada especial" con respecto a lo que ha existe. En cuanto al profesor emérito, ha recordado que la LOSU establece que los requisitos los fija cada universidad. Lo de la LUPA es "un error técnico de competencias", ha confiado el presidente de AUPA.

Sobre el hecho de que la oferta de plazas de profesorado tiene que ser aprobada por la Junta de Andalucía, "la LOSU es clara: es competencia de las universidades". "Es preocupante que se hayan añadido cosas que afectan claramente a la autonomía universitaria y que son una vulneración de la LOSU". Sobre las becas de internacionalización, los rectores reclaman que se deje por escrito que serán "exclusivamente para los estudiantes de la pública" --el consejero ha dicho este martes que se deja claro que las becas son sólo para los estudiantes de la pública--; consideran "excesivo" que el número de miembros del Consejo Social que nombrará la Junta sean nueve, lo que "puede comprometer la independencia del órgano"; y exigen que las universidades de nueva creación se adapten a la nueva normativa "desde un principio", no que cuenten con un año para adaptarse a la misma.