Jacobo Robatto y Paloma Gómez. - VOX
GRANADA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El candidato de Vox por Granada al Congreso de los Diputados, Jacobo Robatto, ha anunciado este miércoles medidas para impulsar una nueva ley que prevea la liberación del "suelo secuestrado" por ayuntamientos y comunidades autónomas, promover la construcción de viviendas sociales públicas y aumentar el parque de viviendas de protección oficial.
"Trabajaremos para garantizar un acceso asequible a la vivienda, unas condiciones decentes y la seguridad de todos los españoles en sus hogares", ha dicho refiriéndose al plan que quiere poner en marcha Vox.
Robatto ha asistido a una reunión con la Asociación de Constructores y Promotores de Granada acompañado de la número dos de la candidatura de Vox por Granada, Paloma Gómez, y ha dicho que "la insuficiente oferta de vivienda social, la escasez artificial de suelo edificable, una excesiva burocracia en la tramitación de licencias, los precios prohibitivos, la especulación y corrupción, o la impunidad ante la ocupación ilegal, son problemas con los que conviven los españoles en su día a día".
"Lejos de remediar esta situación, Pedro Sánchez ha aprobado una nefasta Ley de vivienda que ignora los problemas reales en este ámbito y sus causas en cada rincón de la provincia, y preocupa en especial a los jóvenes granadinos", ha destacado.
"En Vox consideramos que la posibilidad de acceder a una vivienda no puede convertirse en un lujo que solo unos pocos pueden permitirse y resulta fundamental garantizar el acceso a vivienda asequible, especialmente para los granadinos que más lo necesitan, proteger el derecho a la propiedad y velar por que las viviendas tengan un espacio y unas condiciones de salubridad y suministros dignas", ha incidido Robatto.
Vox propone "tolerancia cero con la ocupación ilegal de viviendas, y eximir a los propietarios de inmuebles okupados ilegalmente del pago del IBI durante el periodo de ocupación ilegal del inmueble; impulsar una nueva Ley del Suelo que prevea la liberación del suelo secuestrado por ayuntamientos y comunidades autónomas para el beneficio de los partidos y de políticos corruptos; promover la construcción viviendas sociales públicas; y aumentar el parque de viviendas de protección oficial".